Fachada del Ayuntamiento de San Sebastián-Donostia
En el fragor de los análisis efectuados con motivo de las elecciones locales y autonómicas que se acaban de celebrar apenas se habla de este asunto, pese a tener una gran trascendencia. Tras la polémica jurídica suscitada en torno a la legalidad de la coalición electoral Bildu – que aglutinaba a miembros de partidos legales como Eusko Alkartasuna y Alternatiba (escisión de Esker Batua) y otros de la izquierda abertzale, tradicionalmente asociados a Batasuna -, el balance obtenido ha sido muy significativo. Con 313.231 votos - 276.134 procedentes del País Vasco y 953 de Navarra – obtiene 1.138 concejales, que se traducen en 88 alcaldías en ambas Comunidades Autónomas y 25 mayorías relativas. Representan una opción política nada desdeñable en esos territorios, donde cuentan con un respaldo que les ha permitido duplicar los votos obtenidos por ANV y EA en las municipales de 2007.
Quiérase o no, es una realidad que está ahí y que hay que asumir porque forma parte de la estructura socio-política del Estado, y en coherencia con los principios que rigen su funcionamiento, que ha de ser integrador y sujeto al cumplimiento de las normas legales. La cuestión estriba en valorar cómo puede incidir este hecho, refrendado por el Tribunal Constitucional – la normalización institucional de un sector importante de la sociedad vasca, integrado en el juego político democrático – en la eliminación definitiva de esa lacra de muerte, destrucción y terror que ha asolado durante décadas esa región, que ha conmocionado la vida política española y que ha dejado tras de sí una estela atroz que jamás quedará olvidada. Las víctimas no se lo merecen. Sin embargo, ¿cuáles son los caminos que conducen o pueden conducir a la superación de ese trauma o, lo que es lo mismo, a la desaparición de la banda? La experiencia revela – Irlanda del Norte, Alemania, Italia – que no hay una hoja de ruta preestablecida ni un protocolo de cumplimiento de validez general. Las situaciones son distintas y en cada caso se ha llegado a un punto final por procedimientos específicos, muy ligados a las características de las respectivas situaciones y en función de las pautas fijadas por los gobiernos responsables, conscientes de las dificultades que ello entraña. Baste recordar lo sucedido tras el acuerdo de paz de 10 de abril de 1998 que puso término al terror en el Ulster y cuyos resultados están a la vista.
Por lo que respecta a España, la firmeza contra ETA también se ha mostrado contudente y ha dado origen al periodo de ausencia de muerte más prolongado que se conoce, aunque aún resuene en nuestros oídos el atentado del aparcamiento de la Terminal de Barajas y el asesinato que lo acompañó. Desde entonces, y más allá de los encuentros mantenidos con el fin de alcanzar el fin definitivo de la violencia (en la misma línea seguida por todos los gobiernos desde la llegada de la democracia), ha prevalecido la fuerza del Estado sobre los designios de la banda, que ha sido diezmada en varias ocasiones, a la vez que sus dirigentes lo son cada vez por menos tiempo. Eso es lo que realmente importa. No cabe duda que la eficacia policial y la efectividad de la colaboración con Francia han sido decisivas en este sentido. Pero lo que también es cierto es que, por mucho que se discuta, tras el 22 de mayo algo muy importante se ha producido en la tierra vasca que augura, si no se ha producido ya, el final de ETA.
El tiempo lo dirá, pero creo que estamos ya en esa situación, que se alumbra en el horizonte, confortados además por el hecho de que la ley - según establece la reforma de la Ley 2/2011, de 28 de enero, Orgánica del Régimen Electoral General - asegura que cualquier transgresión del rechazo a la violencia por parte de los miembros de la coalición mencionada será sancionada con la retirada de la representatividad que ostenta. No hay vuelta de hoja: las reglas del juego serán respetadas en un escenario en el que la preservación de la paz constituye la única posibilidad admitida. Y es precisamente en este sentido hacia el que se ha decantado la afirmación del portavoz de Bildu, Pello Urizar, al señalar que la celebración de las elecciones “implica la retirada definitiva de ETA”, opinión suscrita por Oskar Matute, dirigente de Alternatiba, no sin antes reiterar que “ETA debe desaparecer”.
Y es que, en efecto, ETA es el pasado. Un pasado terrible y siniestro, sobre el que la democracia se ha acabado imponiendo porque así lo han exigido el Estado y la propia sociedad vasca. La fecha del 22 de mayo de 2011 marca, en mi modesta opinión, el punto de no retorno de esta tragedia, que jamás debió haber existido.