Instituto de Enseñanza Secundaria Zorrilla. Valladolid
Soy de la opinión de que el Pacto por la Educación que pretende el ministro Gabilondo nunca se va a llevar a término. No hay que discutirle al ministro tesón en el intento, voluntad manifiesta de saldar su mandato con un logro de estas características, pretensión declarada de ir cediendo hasta que las partes encuentren acomodo en el tablero. Pero no lo conseguirá. Ni él ni posiblemente nadie. Ni el PSOE ni el PP, así lo persigan una y otra vez. La Educación en España está condenada a seguir manteniendo una trayectoria marcada por la confrontación política e ideológica, la sucesión de propuestas y modificaciones normativas en función de la alternancia política, el reproche permanente sobre los resultados, insistiendo siempre en la pobreza de los balances obtenidos con independencia de que pueda haber indicadores que los matizan en sentido positivo. Da igual. La Educación es un arma arrojadiza, presta a toda clase de manipulaciones, abierta a las demagogias insistentes y al uso indebido de su imagen con fines estrictamente ligados a la lucha política.
Tal es la inercia acumulada en este sentido, tal la tensión soterrada o explícita, que no parece fácil modificar el rumbo en una dirección convergente, que asuma, como elemento estratégico que es en la formación de los ciudadanos y en la fortaleza de un Estado, la necesidad de aunar esfuerzos y asumir líneas de actuación coherentes y con visión a largo plazo, que eviten las discontinuidades de que ha adolecido el sistema educativo en España y que no parecen fácilmente subsanables.
Y no lo son por cuatro razones que someto a su consideración. Me limito simplemente a mencionarlas, con la intención de desarrollarlas posteriormente. Pero basta con el enunciado para indicar dónde surgen, a mi juicio, los obstáculos que entorpecen tan encomiable como utópico propósito
Uno. Hace tiempo que España es un país donde la confrontación política prima sobre el acuerdo. Salvo en cuestiones que interesan a los grandes grupos y que lleva a situaciones rayanas en el inmovilismo (Ley Electoral, nombramientos de los órganos superiores de la justicia, reparto de las áreas de influencia en otras figuras de la administración, inoperancia del Senado…) se tiende a desestimar, con justificación que a menudo causan sonrojo, la aceptación del ofrecimiento del otro ante el riesgo de capitalización política ajena que no se desea en modo alguno respaldar.
Dos. El sistema educativo acusa seriamente la fragmentación que deriva no tanto del modelo autonómico en sí como del uso sesgado, y ya crónico, que con frecuencia las Comunidades Autónomas han hecho de sus competencias educativas en materias muy sensibles como la Historia , la Geografía o la Lengua y la Literatura. Las Humanidades siempre han estado en el punto de mira de la controversia más acerada. La pérdida de visión de conjunto a escala del Estado– perfectamente compatible con el reconocimiento de las respectivas singularidades (el concepto de identidad colectiva siempre lo he cuestionado) – impide establecer puntos de acuerdo que muchos gobiernos autónomos perciben como una reducción de su capacidad de decisión en este tema, al que se aferran sin apenas concesiones. Siendo constitucionalmente un ámbito primordial desde la perspectiva del Estado, del que también forman parte las CCAA, son numerosas las voces reactivas a lo que se entiende como ingerencia inasumible de la Administración Central.
Tres. En la educación española existen, arraigados, fuertes intereses que se resisten a una pérdida de su relevancia, aunque no estén de hecho amenazados. El equilibrio entre la escuela pública y la escuela privada concertada se mantiene asumido mientras ésta conserve el estatus privilegiado que siempre ha tenido y que es insólito en la Unión Europea. Aunque el pacto por la educación garantiza la solidez de sus posiciones, sorprenden los argumentos - hay testimonios realmente exagerados - que alertan sobre el riesgo que un Pacto de estas características les ocasionaría.
Cuatro. ¿Causa o efecto? ¿Es difícil llegar a un Pacto porque falta motivación en el profesorado o esto ocurre debido a la ausencia de un acuerdo que acredite la función decente y mejore el status del profesorado? En cualquier caso, es evidente que sin la implicación del profesorado, sin el reconocimiento de lo que significa la labor educativa, sin un respaldo efectivo a la capacidad de iniciativa e integradora de la enseñanza y de quienes la ejercen, las expectativas de un Pacto como el que se pretende no pasará de ser un conjunto de buenas intenciones.
Efectivamente, el Pacto pretendido ha acabado como se preveía: frustrado. No habia que ser adivino ni tener dotes premonitarias para saber que iba a ser así. Cosas de la política española, digna de mejor suerte. Lamento haber acertado en el pronóstico, pero, a la vista del percal, no habia otro.
