
Como era previsible, la ayuda al desarrollo no permanece al margen de esa poda generalizada que implacablemente se está llevando a cabo bajo el argumento reiterado y obsesivo de la austeridad a cualquier precio. La lógica de los recortes se impone poco a poco y , de manera inexorable, hace mella con particular incidencia en cuantas dotaciones tienen que ver con la justicia social, con la función integradora de lo público y con la solidaridad. Desconozco si se han hecho estimaciones sobre los impactos que la aplicación de tales medidas en aspectos tan sensibles pueden tener a corto y medio plazo en el bienestar de los ciudadanos, en la articulación de la sociedad y, por supuesto, en la evolución de la economía, por cuanto la prevalencia del mensaje omnipresente a favor de la restricción no augura sino desempleo, depauperación y marginalidad, que difícilmente podrán ser corregidas en un tiempo razonable dada la magnitud de los efectos traumáticos que provoca.
Como decía, la transferencia de recursos orientados al desarrollo de los países desfavorecidos acusa con claridad el sentido de esta tendencia. Acabamos de saber, por ejemplo, que la Diputación de Málaga ha decidido suprimir los fondos de cooperación para ONG que llevan a cabo proyectos en el extranjero. El argumento de la institución provincial apunta al criterio que insiste en la necesidad de “reconducir esos fondos al interior de la provincia para aliviar la situación de urgencia de muchos malagueños. En el mismo sentido, hace unos meses el Gobierno de Canarias comunicó a las organizaciones receptoras de fondos que las ayudas previstas en el Plan Director de la Cooperación Canaria para el Desarrollo con destino a África para el periodo 2010-2013 iban a ser totalmente eliminadas, tras la reducción drástica efectuada en el cuatrienio anterior y que también afectó a las asignaciones destinadas a América Latina y la Educación para el Desarrollo. Otra prueba más la ofrece el Ayuntamiento de Madrid, donde la ayuda al desarrollo contemplada en el presupuesto municipal descendió del 0’48 en 2003 al 0’26 % en 2010, con la advertencia de que ese mismo año cesarían por completo las subvenciones destinadas a este fin. El 26 de marzo de 2009 se realizó por parte del Ayuntamiento madrileño la última convocatoria de ayudas a entidades e instituciones sin ánimo de lucro que lleven a cabo proyectos de Cooperación al Desarrollo, Codesarrollo y Educación para el Desarrollo. Se acabó.
Todos ellos son ejemplos elocuentes de una decisión que no ha tardado en arraigar en las administraciones públicas arropada con el argumento de la crisis y justificada con el principio de que “primero nosotros y, luego, los demás”, como han dicho los dirigentes malagueños. Hacer un seguimiento del proceso – desde la AECID hasta las Corporaciones Locales, y sin olvidar a las Comunidades autónomas - revelará sin duda la magnitud creciente del cambio producido o susceptible de producirse en muy poco tiempo en una de las perspectivas que hace una década se entendía en dirección progresiva, inspirada en la voluntad de avanzar con paso firme hacia el cumplimiento de los objetivos del Milenio. Ya nada se habla de ese horizonte, fijado con la mirada puesta en 2015 y convertido en quimera inalcanzable.