Las efemérides relevantes son siempre una oportuna ocasión para que la memoria reverdezca. Y digo toda la memoria, sin omisiones intencionadas e incomprensibles. Por esa razón, cuando se conmemora felizmente el cuarto de siglo del nacimiento de la Universidad de Burgos, parece lógico, a la par que la congratulación por el hecho, que la mirada se vuelva sinceramente retrospectiva para que lo vivido y lo mucho logrado a lo largo de ese tiempo cobren, asumidos con orgullo y frente al olvido, la fuerza y el reconocimiento que merecen.
Conocedor del tema, pues, por la experiencia vivida en su día como Director del Colegio Universitario burgalés, me considero justamente artífice de los pilares que fundamentaron su transformación en Universidad, tal es el sentido que pretendo dar a esta nota tras comprobar las referencias sesgadas con las que por parte de algunos se ha tratado de abordar la génesis de la Universidad burgalesa, haciendo un tratamiento selectivo de los hechos mediante la sobreconsideración de unos y el olvido deliberado y malintencionado de otros.Impresionante es sin duda el balance alcanzado por una institución de enseñanza e investigación de rango superior que, conviene recordarlo para que no quede relegado a la desmemoria, hunde sus raíces en el proceso de adaptación a los parámetros de la Universidad pública a partir de un proceso iniciado a comienzos de los años ochenta del siglo XX. Desde esa perspectiva, la trayectoria que culminaría en su creación como Universidad específica hace de la experiencia burgalesa un caso singular en España. Es la primera, y la única, que, partiendo de un Colegio Universitario Adscrito – como estructura aglutinante del núcleo esencial de las enseñanzas universitarias impartidas en Burgos - , acomete una etapa de transición mediante la integración en la Universidad cabecera del distrito al que pertenecía con el fin de incorporar gradualmente los instrumentos, reglas y procedimientos de gestión inherentes a la Universidad pública. Se hizo así porque con este propósito se formalizó el convenio suscrito por el Rectorado de la Universidad de Valladolid con los responsables del Ayuntamiento y la Diputación de Burgos en 1981. Fue, insisto, un caso excepcional en España.
Todo hubiera transcurrido con normalidad de no ser por la demora en la aplicación del convenio y por la hostilidad que las autoridades locales del momento mostraron a la hora de cumplir los compromisos de todo orden contraídos con la Universidad vallisoletana, una vez el acuerdo comenzó a ponerse en marcha por parte del Rectorado de Justino Duque, en el que tuve el honor de asumir dicha tarea -como Director del Colegio Universitario burgalés - a partir del mes de febrero de 1982. Una tarea concebida además como un reto que personalmente entendí beneficioso para mi ciudad natal.
No dispongo aquí de espacio suficiente para evocar el cúmulo de tensiones, zozobras y anécdotas vividas durante aquellos dos años decisivos. Pero las tengo bien registradas y jamás las olvidaré. Así consta en la hemeroteca del Diario de Burgos y en diversos artículos publicados al respecto. Las decepciones se entremezclaron con los descubrimientos de personas memorables, los avances ilusionados con los bloqueos oficiales inconcebibles. A la postre, arropado por el Rectorado y por los miembros del profesorado y del personal de servicios que siempre encontré a mi lado, acabó prevaleciendo el sentido común y el cumplimiento del compromiso contraído. El apoyo recibido de quienes me acompañaron en aquella responsabilidad –José Luis Cabezas, Carlos Matrán y José María Leal por parte del profesorado del CUI, Gerardo Llana y Miguel Gobernado desde la Gerencia de la UVa y José Luis Puras en las tareas administrativas en Burgos– me lleva a mantener con ellos, más allá del tiempo transcurrido, una deuda de gratitud que nunca quedará saldada.
Relevantes personalidades de la vida burgalesa como Ángel Olivares, Fernando Ortega, Esteban y Octavio Granado, Tino Barriuso o Pablo del Barco sumaron también su apoyo y sus consejos en esos momentos tan difíciles como cruciales. Nadie más con dimensión política y ciudadana movió un dedo entonces a favor de aquella singladura. Su apoyo se echó de menos. A la superación de las trabas institucionales contribuyó, sin embargo, y de forma sustancial, la reunión mantenida en el Ministerio de Educación el 19 de mayo de 1982 con el propio Ministro, Federico Mayor Zaragoza, y con el Secretario de Estado de Universidades, Saturnino de la Plaza, a quienes agradecí su pertinente y provechosa mediación. En medio de aquellas contrariedades, los cimientos se fueron afianzando irreversiblemente. Se logró que las enseñanzas de Físicas y Matemáticas no desaparecieran, como el convenio establecía, se implantó el segundo ciclo de la Licenciatura de Derecho, germen de la futura Facultad, se incrementaron las dotaciones para Bibliotecas y Laboratorios, se proveyeron las primeras plazas de funcionario del Cuerpo de Profesores Adjuntos, se iniciaron obras de acondicionamiento del edificio de San Amaro, se duplicó el presupuesto a lo largo del bienio, todo el personal, docente y de servicios, fue incorporado a la plantilla normalizada de la Universidad de Valladolid, consolidándola y favoreciendo así su transferencia ulterior, se promovieron iniciativas culturales de gran resonancia dentro y fuera de la ciudad…se sentaron, en fin, los puntales de una estructura que poco a poco adquirió consistencia en un contexto de gran precariedad de medios que quedaba subsanada por la generosidad de un esfuerzo del que convendría dar cuenta precisa alguna vez.
A la postre, cuando finalicé voluntariamente el ejercicio de aquella responsabilidad en la primavera de 1984, y arropado por quienes me lo reconocieron en un encuentro memorable en el restaurante El Peregrino, tuve la sensación de que el objetivo había quedado satisfecho. Misión cumplida, me dije. Es cierto que quedaba camino por recorrer, toda una década, si bien iba a serlo con la mirada puesta en un horizonte más propicio y, por tanto, mucho más fácil y menos incómodo, pues la plataforma ya estaba construida. Y es que, tras una etapa que he denominado de la “Universidad sin ley”, se abrían con el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (1983) posibilidades inimaginables hasta entonces, que algunos supieron aprovechar casi de manera automática.
El nacimiento de nuevas Universidades públicas en todo el país – diecinueve fueron creadas entre 1987 y 1998 - , la normalización de unas reglas de funcionamiento bien definidas, el amplio escenario de expectativas favorecidas por la internacionalización del conocimiento y la previsible integración en las Comunidades Europeas configuraron un panorama de total ruptura con las insuficiencias de la fase precedente. Quedó definitivamente superada esa fase de desafíos que nos tocó vivir y gestionar a cuantos, en un entorno de soledad, incomprensiones e incertidumbres, tuvimos también algo que ver con la historia de la Universidad de Burgos, a la que felicito por su veinticinco aniversario y a la que deseo la mayor de las fortunas.
