La Universidad pública se
nutre esencialmente de recursos públicos y sus actividades son inherentes a su
condición de servicio público. El profesorado está sujeto a unas normas de
conducta que deben ser respetadas, so pena de vulnerar la imagen de la
institución. Cuando se participa de un proyecto de investigación, financiado
con cargo a convocatorias públicas, todos los procedimientos a seguir deben estar cuidadosamente
regulados y formalizados. Los permisos, las modificaciones del equipo, los
ajustes en el presupuesto, la movilidad de los investigadoras han de atenerse a
las solicitudes y autorizaciones reglamentarias, siempre por escrito y con
registro de salida, que después se unirá al documento con registro de entrada,
recibida la autorización.
Cuando, por su parte, se acomete un contrato de
investigación (de acuerdo con el Art. 83 de la Ley Universitaria), el
desarrollo del proceso contractual tiene que figurar pormenorizadamente en un
contrato suscrito entre la entidad financiadora y la Universidad, de modo que
todos los pagos se canalizan a través de ésta, que supervisa tanto las entregas
para gastos como los abonos correspondientes, entre ellos las retribuciones del
personal adscrito a la investigación. Jamás el investigador, que siempre opera
en el seno de un equipo, gestiona directamente un euro o un dólar. Lo de Juan
Palomo suscita en este caso todas las sospechas.
Por su parte, la Universidad
detrae una cantidad del contrato (generalmente el 15%) que nutre su
presupuesto, lo que parece lógico teniendo en cuenta que los profesores
investigadores hacen uso de los medios e infraestructuras universitarios para
realizar sus trabajos y el tiempo ocupado en ello se hace a costa de la
dedicación - a tiempo completo o parcial - a la que el profesor - funcionario o
contratado - se compromete con la Universidad y por la que se le retribuye
todos los meses. Así han de funcionar las cosas si no se quiere incurrir en omisiones,
opacidades, irregularidades o corruptelas.
¿Sabían esto o acaso lo ignoraban
los profesores Iglesias Turrión, Errejón Galván o Monedero Fernández-Gala,
docentes vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, de cuya plantilla
forman parte? Que cada cual saque sus conclusiones. Defendamos la ética como
principio rector de las conductas.
Muy cierto: la ética debe regular toda nuestra conducta, pública y privada. Saludos cordiales.
ResponderEliminarClaro que debían de saber, forma parte de su entorno laboral. También hay médicos que fuman, a pesar de saber perfectamente las consecuencias y, como las personas que citas, estar continuamente diciéndole a la gente que actúe de manera correcta.
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