En defensa de los valores republicanos de la Constitución española

Ciertamente España no es una República, sino una Monarquía parlamentaria, en la que quien la ostenta no gobierna sino que desempeña una función representativa del Estado, sujeta al control y la supervisión plenos del Gobierno. ¿Es compatible este modelo con unas directrices constitucionales adscritas a la defensa de los principios republicanos, que, en esencia, se identifican con las ideas básicas de libertad, igualdad, solidaridad, protección de los derechos humanos, separación de poderes y mecanismos parlamentarios sancionadores de la gestión gubernamental? ¿Sí o no? Yo creo que sí.

Hace años, Francisco Tomás y Valiente escribió, y proclamó a viva voz en muchas ocasiones, que el sistema de principios, derechos y deberes contemplados en la Constitución - más allá de los incumplimientos o limitaciones, de los que también adolecen muchos países - podía identificarse plenamente con los que rigen en las constituciones republicanas más avanzadas del mundo, entre ellas las europeas.

Si bien es verdad que la Jefatura del Estado no es electiva, ¿parece correcto centrar el objetivo de la acción política en la desaparición de esta Institución, políticamente testimonial, en connivencia con los intereses de quienes tratan de romper el Estado, utilizando un discurso en el que se entremezclan la ambigüedad con el galimatías terminológico, todo ello en aras de provocar un proceso desestabilizador tan innecesario como contraproducente?

Por eso, cuando observo la sintonía que parece establecerse entre Joaquim Torra y Pablo Manuel Iglesias Turrión, hablando casi el mismo lenguaje, proclive a la defensa del derecho a la secesión (solapado con el cursi y engañoso eufemismo del "derecho a decidir"), a la confusión entre "federación y confederación", y orientando de consuno y con especial virulencia sus venablos más acerados a la demolición del Jefe del Estado, responsable de todos los males habidos y por haber, tengo la sensación de que la mezcolanza de propósitos coincidentes encubre planteamientos muy alejados de lo que realmente conviene a nuestro país. Amén, del condicionamiento que ello pueda plantear de cara a la entrevista prevista para el día 9 de julio entre el Presidente del Gobierno del Estado y el de la Generalitat catalana, ya muy mediatizada, en mi opinión, por la visita envenenada de Iglesias Turrión al Palau de Sant Jordi, y que ha dejado a Sánchez en una posición nada cómoda, ya que incluso se ha atrevido a opinar en nombre de éste antes de que el Presidente del Gobierno exponga directamente, y sin intermediarios interesados, su opinión.