Mantener el prestigio de una Institución requiere no solo una conciencia clara de lo que significa dentro del contexto en el que se integra sino también el convencimiento de que cualquier escándalo que la afecte puede implicar un descrédito que, llegando a repercutir en el conjunto del sistema, supone un lastre con impactos lesivos en el tiempo si no se adoptan las medidas que permitan neutralizarlo. Y es que, merced al nivel de sensibilidad existente en un entorno de información abierta e incesante como el actual, la sociedad no permanece indiferente cuando tiene lugar la vulneración de los principios que aseguran la satisfacción de sus objetivos institucionales en coherencia con la labor desempeñada y con los recursos destinados al cumplimiento satisfactorio de dicha finalidad.
Admitamos, como afirmaba Weber, que el riesgo de deterioro de la imagen y de la fortaleza comparativa es consustancial a todas las organizaciones. Es un peligro al que se hallan expuestas permanentemente. Por eso, cuando se parte de la relevancia que el sector público desempeña en sus diferentes formas de manifestación, las deficiencias y situaciones de corrupción, cohecho o malversación observadas resultan particularmente lacerantes en la medida en que revelan conductas impropias, irresponsablemente ejercidas, que ponen al descubierto la falta de correspondencia entre los recursos asignados y la efectividad de los resultados conseguidos. Aunque el perjuicio que ello ocasiona reviste diferentes niveles de magnitud, es obvio que la resonancia de sus efectos varía en virtud del impacto provocado sobre el apoyo y la confianza socialmente merecidos, pues es obvio que no todas las Instituciones reciben de la sociedad el mismo nivel de valoración y reconocimiento.
Tradicionalmente son destacables las altas cotas de respaldo y confianza que la sociedad española ha otorgado a las Universidades públicas y su profesorado en los rankings de ponderación efectuados por los órganos demoscópicos. Figurando en los primeros lugares de la serie estimativa, hay que subrayar que han sido también las estructuras sujetas a niveles de evaluación más sistemáticos, rigurosos, amén de transparentes, de cuantos se han llevado a cabo en el conjunto institucional. Todo en ellas está sometido a valoraciones periódicas, afines a criterios e indicadores internacionalmente homologados y en permanente adaptación al desarrollo del conocimiento. Encuestas docentes, calidad y capacidad de transferencia de los proyectos de investigación, naturaleza, objetivos y rendimiento de las titulaciones, selección del profesorado, mecanismos de vigilancia y supervisión de las actividades asociadas a la obtención de Masters y Doctorados forman una amplia gama de instrumentos de garantía expresamente contemplados en la Ley, en los Reglamentos y en los Estatutos.
Sin embargo, la experiencia acumulada lleva a la conclusión de que los resultados obtenidos son muy variables e incluso contradictorios. En muchos casos los mecanismos de control funcionan y en otros menos, cuando no son ostensiblemente desdeñados. El hecho de que en ocasiones sean inoperantes e incluso contravenidos no indica que, a priori, su existencia ponga en tela de juicio la voluntad potencial que justifica la existencia de la norma, concebida con el propósito explicito de evitar el fraude o el incumplimiento de los objetivos que son consustanciales a la Enseñanza y la Investigación Superiores. De ahí que, si las cautelas y las prevenciones están claras de antemano, no es posible hacer caso omiso, a la hora de verificar su cumplimiento, del altísimo margen de responsabilidad que corresponde a la ética tanto individual como colectiva de cuantos organizan el desarrollo de sus actividades, en la medida en que han de procurar, al amparo de su capacidad de iniciativa y sobre la base de una firme voluntad de autocrítica, el mejor uso posible de la autonomía de la que constitucionalmente gozan las Universidades. Dicho de otro modo, resulta esencial la toma en consideración de la honestidad profesional aplicada a la generación y transmisión del conocimiento, que en esencia constituyen sus objetivos básicos y su misma razón de ser, como tantos profesionales se encargan de poner en evidencia cada día con tanta efectividad como discreción.
Los graves hechos ocurridos en una de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid, cuyo Rectorado radica en la ciudad de Móstoles, han lesionado el prestigio y la credibilidad de las Universidades públicas españolas. Aunque sus efectos puedan ser demoledores a corto plazo, no es menos cierto que las señales de alarma puestas al descubierto son a la vez, y hacia el futuro, advertencias contundentes que no deben caer en saco roto. A la vista de la resonancia alcanzada sería sorprendente que no repercutieran en una movilización conjunta e inmediata de la estructura universitaria para que ese tipo de situaciones quedase definitivamente erradicado. Lo que está en juego es mucho y muy importante. Pues, si en buena medida, las Universidades, especialmente las de acreditada conciencia de servicio público, representan uno de los pilares esenciales en los que se sustenta el predicamento de una sociedad, difícilmente podrían ser fieles a la tarea y a la responsabilidad social que las compete si no asumieran el valor de la ejemplaridad como principio rector de su funcionamiento.
