La legalización del disparate urbanístico

De vez en cuando, como si de un volcán se tratara, afloran noticias que nos dejan estupefactos. Sumidos en los dimes y diretes de la política ruidosa, un manto de silencio oculta las manifestaciones de las malas prácticas en la forma de hacer política, que abundan en demasía. Pero de pronto, salen a la luz. Siempre estallan.

¿Cómo es posible que existan más de 300.000 construcciones ilegales solo en Andalucía? ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa como expresión de una tolerancia desmesurada e ininterrumpida hacia la iniciativa urbanística sin control y como reflejo de un desprecio absoluto hacia la calidad del territorio y la sostenibilidad ambiental? Pan para hoy y hambre para mañana, y el que venga atrás que arree. Esa es la lógica que durante décadas ha regido el quehacer de la mayoría de los responsables públicos con bastón y mando en plaza y felices de haber sido electos. Un disparate que permanecerá para siempre.

 

Llevo toda la vida profesional hablando y escribiendo sobre la necesidad de ordenar racionalmente el territorio (capacidad de carga, evaluación de impacto, prospectiva...) y me encuentro con esto. ¿ Qué hago al leerlo? Organizo una pira con los textos, que no han servido para nada, o procuro seguir manteniendo viva la llama de la denuncia contra la ineficacia de aquellas administraciones que, fascinadas por su patrimonio cultural y por sus festejos de toda laya, olvidan que el resto del territorio también existe y cuya destrucción acaba tarde o temprano por pasar factura? El coste de la regularización, a cargo del erario público, va a ser descomunal, aunque en modo alguno aliviará el enorme impacto ambiental provocado.

327.583 viviendas ilegales en Andalucía. En toda la Comunidad. ¿Cuántas habrá en este país nuestro tan insensible y despiadado con el territorio que aparentemente no se ve pero que existe como una cruda realidad insoslayable?

Luego viene la gota fría y pasa lo que pasa.