Venezuela carece de Gobierno para afrontar los impactos de la tragedia sísmica

 Venezuela está viviendo el peor escenario en el que se puede vivir cuando se trata de afrontar una terrible catástrofe natural. Es imposible neutralizar sus efectos demoledores y caóticos, con la consiguiente situación de emergencia humanitaria que provocan, cuando un Estado carece de estructuras de gobierno competentes y capaces de tomar decisiones sustentadas en los instrumentos administrativos, legales, económicos y logísticos que comúnmente se necesitan por parte de la acción pública ante situaciones tan críticas y desesperadas, como las que han afectado a las zonas más urbanizadas del país.

La patria de Rómulo Gallegos y de Gustavo Dudamel es ya un Estado fallido sino un Estado inoperante e inane porque carece del poder que confieren la legitimidad y las competencias constitucionales para utilizar sus recursos destinados a atender las necesidades de la sociedad. No hay medidas precisas, no hay planificación, no hay evaluación de impactos. No haya nada servible. Por eso sorprende que en las imágenes ofrecidas por la televisión no se observe la presencia de las fuerzas oficiales (pese a la dimensión del ejército venezolano) en las tareas de rescate. Esa labor ímproba depende esencialmente de los efectivos enviados por 27 países. El poder oficial - más allá de las declaraciones vacuas de los Rodríguez- ha desaparecido en ese hermoso y entrañable territorio, del que tan buenos recuerdos conservo.

La furia de la Tierra ha asolado sin piedad a un país sumido en una situación política excepcional, insólita, en el mundo. La impronta de la tragedia es directamente proporcional a la incapacidad estructural para resolverla. No me atrevo a definir, pues no está claro, el modelo que se está aplicando tras el secuestro de su Presidente en enero de 2026 y la designación de un gobierno "encargado" que carece de poder alguno para actuar como tal, aherrojado y anulado como está. Ni es un protectorado, conforme a los principios de un sistema colonial clásico ni tampoco se corresponde con la fórmula del "Estado Libre Asociado" aplicada en el caso de Puerto Rico.

Es simple y llanamente un país sometido a saqueo y esquilmo intensivos y a gran escala de sus recursos petrolíferos (la causa de la intervención efectuada), al margen de los instrumentos institucionales inherentes a un Estado soberano. Ambas son las prácticas que el gobierno norteamericano está llevando a cabo, con total desprecio y humillación hacia Venezuela, hasta el punto de que, como ha reconocido el presidente de Estados Unidos , los beneficios obtenidos de la venta de los "millones de barriles y que tan felices hacen a los venezolanos" (sic dixit Mr. Trump) están sirviendo prioritariamente para financiar la agresión contra Irán perpetrada por el proxeneta y su amigo genocida de Israel.

Observo que de esto poco se habla en los medios. Por eso no de más traerlo a colación.

Construir el futuro sobre el conocimiento crítico y riguroso del pasado

 Excelente noticia, acertada actuación diplomática. La preservación de la memoria asociada a los hechos históricos es plenamente compatible con la normalización de las relaciones institucionales de dos grandes Estados unidos por el pasado y por sus proyectos de futuro.

Y es que México simboliza las contradicciones que derivan de los procesos de conquista y colonización que, protegidos y salvaguardados por la memoria, quedan finalmente resueltos por el reconocimiento sin reservas de las responsabilidades que otorga la interpretación histórica y por la voluntad de que no constituyan un obstáculo para el desarrollo de relaciones apoyadas en la voluntad de cooperación. Hace tiempo que Don Claudio Sánchez- Albornoz, exiliado en ese gran país centroamericano, dejó constancia de esa idea, que el Jefe del Estado español ha vuelto a ratificar junto a la Presidenta mexicana.

De ahí la irrelevancia, pues de nada han valido, de los funestos, zafios y torpes intentos de dificultar esos vínculos y la importancia que en su reafirmación posee el reconocimiento objetivo y riguroso de la Historia. Desde luego, hay que tener capacidad, honestidad y solvencia intelectual para hacerlo

La tragedia sísmica asuela Venezuela

 Es un hecho comprobado desde el siglo XVIII que la corteza de la Tierra está en continuo movimiento. Nunca se detiene. En 1912 Alfred Wegener plantea la "deriva de los continentes" como teoría científica para explicar la dinámica terrestre, aunque ese enfoque no será asumido hasta los años sesenta del siglo XX cuando se consolida - merced a las aportaciones y comprobaciones efectuadas por Morley, Vine y Matthews - como un nuevo modelo global interpretativo de la configuración geológica y geomorfológica del planeta al demostrar que el magnetismo de las rocas oceánicas registra inversiones regulares del campo magnético, dispuestas simétricamente a ambos lados de las dorsales oceánicas, confirmando así la expansión de los fondos marinos.

Su fundamento científico estriba, pues, en los desplazamientos asociados a las placas tectónicas que, movilizadas a su vez por las tensiones desencadenadas en las dorsales oceánicas, estructuran la superficie terrestre y evolucionan en función de las dinámicas ofrecidas por los dos grandes tipos de fallas que delimitan sus respectivos perímetros.

Las responsables de los seísmos que están afectando actualmente a Venezuela son las llamadas fallas de transformación o transcurrentes, es decir, las que determinan los deslizamientos de las placas tectónicas al modificar los contactos de sus superficies entre sí. El intervalo de recurrencia (es decir, el periodo entre dos eventos sísmicos comparables) es más dilatado en el tiempo que en los sistemas de fallas de subducción (responsables de los terremotos que afectan a Chile, Japón, México o Nicaragua), en los que una placa tectónica se desliza bajo otra.

El seísmo ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026 es idéntico al que sacudió a ese país en 1902. Con más de un siglo de diferencia, los terremotos han tenido su epicentro en la misma región, pues se ha comprobado que el tipo movimiento (dos seísmos con intervalo de 40 segundos) responde a la fractura en un segmento de la falla en sentido lineal que puede propagarse a otro segmento de manera casi instantánea.

El 80% de la población venezolana reside sobre las fallas de transformación más activas. Todas las ciudades principales están construidas en el límite entre las dos placas (la del Caribe y la Sudamericana). Debido a que los terremotos son relativamente poco frecuentes, la población y el gobierno tienden a olvidar que Venezuela es un país sísmicamente activo, lo que representa un factor de vulnerabilidad adicional y de insuficiente gestión de las medidas preventivas desde el punto de vista urbanístico e infraestructural. Los altos edificios construidos en Caracas y La Guaira sobre suelos sedimentarios sufrieron gravemente los embates del terremoto, como ha ocurrido en las áreas residenciales de Los Palos Grandes o Altamira, al este de la ciudad mientras los barrios construidos sobre roca madre —en particular las favelas y los edificios de poca altura— han resistido mejor la catástrofe.

Desregulación: un concepto de riesgo e inseguridad

 

Artículo publicado en El Norte de Castilla 

Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León

Llama la atención que en un organigrama de Gobierno una de las responsabilidades más relevantes esté encabezada por la competencia llamada de “Desregulación”, un término que imprime carácter, y con decidida posición de fuerza decisional, a las Vicepresidencias de los Gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Por su propia denominación no se trata de una competencia sectorial sino de una atribución de significado genérico, susceptible de impregnar el enfoque aplicado a las responsabilidades específicas en el resto de las Consejerías, lo que confiere a dicho concepto, entendido como ideología y como estrategia global e integradora, una importancia decisiva en la acción de gobierno.

            Por esa razón, pertinente y necesario resulta el debate sobre lo que ese planteamiento puede representar teniendo en cuenta la experiencia acumulada sobre los efectos derivados de las iniciativas desreguladoras llevadas a cabo en la historia reciente. Las aportaciones efectuadas en este sentido se decantan a favor de interpretaciones ambivalentes que al tiempo que aluden a sus efectos positivos no son indiferentes a la importancia de aquellos que, por el contrario, propenden a la aparición de tendencias generadoras de situaciones de riesgo, exclusión e inseguridad. Por lo general, los argumentos a favor de la desregulación abundan en la idea de que la supresión de determinadas obligaciones y cautelas contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas y a generar dinámicas de crecimiento capaces de asegurar un empleo óptimo de los factores de producción. Se trata de una opción eminentemente centrada en la necesidad de hacer frente a los desafíos impuestos por la globalización y la consecuente internacionalización de los mercados.

      Ahora bien, si estas mejoras en el nivel de competitividad empresarial son esgrimidas como la principal justificación del proceso desregulador, la experiencia demuestra que en el funcionamiento de la economía las secuelas dejadas no siempre se han correspondido  con ese esquema lineal pues a menudo se muestran acompañadas de efectos claramente regresivos y traumáticos, tanto económica como socialmente. Por más que pase el tiempo – y sin perder de vista las causas que dieron origen al fatídico crac de 1929 - siempre pervivirán en la memoria la responsabilidad que la desregulación y la consecuente liberalización financiera y la falta de supervisión - no olvidemos lo que supusieron las hipotecas “subprime” en el contexto de la burbuja inmobiliaria y la crisis del mercado interbancario - tuvieron en el desencadenamiento del colapso que estalló en 2008 ocasionando uno de los mayores traumatismos en la economía internacional y, obviamente también, en España.

A raíz de esas constataciones traumáticas, han aflorado con fuerza los análisis que ponen énfasis en la idea de que una liberalización del mercado no implica la eliminación de los instrumentos reguladores cuando se comprueba que, bien gestionados, pueden favorecer la competencia y su correcto funcionamiento sin merma de la capacidad competitiva de las empresas. En este sentido resultan aleccionadoras las ideas recogidas en una obra de referencia - The European Social Charter and the Employment Relation (2019) - en la que se demuestra con evidencias empíricas que los derechos sociales no son un impedimento para la competitividad como lo revelan aquellos países en los que los aumentos de los niveles de gasto social lejos de obstaculizar el crecimiento económico alcanzan un mayor crecimiento per cápita y una mayor competitividad. 

Se trata, en esencia, de incorporar mecanismos de mejora de la regulación – la “regulación inteligente”, bien analizada por Holmes y Sunstein (2011) - como soporte esencial de políticas públicas innovadoras y de buena gobernanza en las que la eficiencia y la equidad se encuentren garantizadas. Autores de la solvencia de Antón Costas, Eduardo García de Enterría, Joseph Stiglitz o Mariana Mazzucato han dejado constancia muy sólida de la utilidad de este enfoque, que, en esencia, insiste en la necesidad de fundamentar la toma de decisiones mediante el empleo de procedimientos regulados que permitan una selección adecuada de las opciones a seguir perfeccionando para ello los métodos de evaluación - dotados como están de una metodología rigurosa- que lleven a los gestores públicos a una cuantificación de costes y beneficios de la que dar cuenta a la ciudadanía con el fin de que perciba la utilización de los recursos y el impacto social, económico y territorial generado.

      Desde estos argumentos aportados por la experiencia y la práctica política cabe plantear de qué manera pueden acusar una sociedad y un territorio los efectos derivados de una política que asigna a la desregulación, por mera ideología y sin garantías de evaluación rigurosa, una importancia clave en la estructura del sistema decisional cuando ese concepto va a asociado de forma mimética en las regiones señaladas, e identificado como un calco con destino a la cuota de responsabilidad asignada al partido Vox, al ejercicio de las funciones relacionadas con los Servicios Sociales y la Familia.   

Y es que si por desregulación, tan enfáticamente defendida por el partido que la impone como requisito para la investidura, no puede entenderse otra forma de acción política que no esté encaminada a la aplicación de recortes, ajustes a la baja o debilitamiento de los mecanismos de cohesión social y de protección ambiental, no es aventurado llegar a la conclusión de que la relevancia otorgada a esta estrategia en la acción de gobierno – y de ahí la necesidad de las advertencias - puede llegar a suponer, si no se apoya en una metodología de evaluación fiable, afectaciones serias y preocupantes, dada la amplitud y discrecionalidad de perspectivas de aplicación que ofrece, para la preservación y defensa de la función integradora de los servicios públicos y para la propia articulación de una sociedad compleja y propensa a la génesis de situaciones de riesgo de exclusión y desigualdad que deben ser necesariamente corregidas. En este sentido, resulta pertinente la observación efectuada por Jorge Dioni (El malestar de las ciudades, Arpa, 2023) cuando señala que "el proceso de desregulación y reducción del sector público persigue, entre otras cosas, garantizar la falta de control sobre las transacciones privadas" 

 

Reflexiones en torno a un mundo que se nos escapa de las manos ... y mientras acecha la tormenta vespertina

 

El mundo se está volviendo cada vez más caótico y difícil de interpretar. La guerra ha vuelto a estar presente, los desastres ecológicos se suceden uno tras otro, las sociedades se fracturan, las solidaridades se quiebran y la extrema derecha, con su simpleza ideológica, parece ganar terreno por doquier. Podemos percibir que en este desorden generalizado aparecen entreveradas tres crisis —los tres pilares de nuestro problema—, aparentemente independientes, pero en realidad estrechamente interconectadas: una crisis económica, una crisis ecológica y una crisis antropológica.

Las tres se sustentan en la misma dinámica: la acumulación desaforada del capital, con sus efectos destructivos sobre las economías, la naturaleza y la humanidad. Como resultado, estas crisis se retroalimentan entre sí y no se vislumbra ninguna solución, al menos no mientras las sociedades sigan centrando su atención en el capital y en menoscabo de la sociedad y de la preservación de la Naturaleza.

Por ahora, el fracaso del neoliberalismo está dando origen a un monstruo: un nuevo tipo de capitalismo de Estado, expresivamente identificado con China y Estados Unidos, que gestiona la emergencia exclusivamente en interés del capital y encuentra su expresión política en la extrema derecha. Este «capitalismo de emergencia» no ofrece más que destrucción y exacerbación de la desigualdad.

Ante este panorama quienes pretenden frenar este movimiento deben replantearse por completo su estrategia y sus objetivos

Las incertidumbres de un acuerdo de paz muy frágil

 

Aunque sin la lectura del acuerdo no resulta posible hacer valoraciones definitivas sobre sus efectos y derivaciones, el observador no puede sustraerse a la impresión de que se trata más de un nuevo alto el fuego que de un acuerdo de paz consolidado e irreversible. Me inclino a pensar que se trata de un pacto en el que el régimen iraní aparece, al fin, fortalecido, avalado por el hecho de que la guerra se ha decantado a su favor, en la medida en que, sin haber efectuado ninguna renuncia significativa, ha logrado levantar las sanciones que condicionaban su economía, afianzar el reconocimiento de su control en Ormuz y mantener intacto su potencial nuclear. Todo lo contrario a lo pretendido con la agresión del 28 de febrero.

El acuerdo, que al parecer culmina de momento las 37 ocasiones en que Trump pensaba haberlo conseguido, evidencia que Estados Unidos no ha logrado nada que su presidente pueda esgrimir más allá de la impúdica escenografía narcisista y publicitaria a que nos tiene acostumbrados. Al tiempo, es probable que su prestigio en el mundo de las petromonarquías se haya visto debilitado para siempre cuando los emiratos del Golfo y Arabia saudí han comprobado que la protección de las bases yankees sólo les ha servido para mostrar su ostensible vulnerabilidad.

El acuerdo es frágil porque el régimen israelí que impulsó la agresión, forzando para ello al reconocido proxeneta norteamericano, no quiere que la guerra termine. La conferencia de prensa, que he seguido, del criminal Benjamin Netanyahu lo ha dejado más claro que el agua del avellano. Por las razones que todos conocemos el nazisionismo jamás va a renunciar a su objetivo genocida y expansionista, del Éufrates al Nilo. Trump ha querido celebrar su 80 aniversario con un "acuerdo" repleto de cesiones por su parte con el fin de salvar el mandato que le queda de cara a las elecciones de noviembre y recuperar una popularidad que se encuentra por los suelos.

Intuyo que la guerra volverá, pero con un Irán más advertido y fortalecido. Pero para entonces, Donald Trump ya solo será una momia y, en cualquier caso, un mal recuerdo.

La desagregación del sistema educativo en el Gobierno de Castilla y León

 

Universidad de Salamanca

En el nuevo gobierno de Castilla y León, basado en la mancuerna PP-Vox, la competencia en materia universitaria se desagrega de la correspondiente al sistema educativo. Se pone en marcha la llamada Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. No sé si ésta es la jerarquía del polinomio. Pero, abriendo una reflexión a modo de debate sobre el tema, considero que se hace un flaco favor al complejo universitario - y al modelo educativo en general - al adoptar una denominación que tiene más de marketing y muestra de ignorancia que de iniciativa solvente y operativa.

Y es que la asociación del término universitario al entramado económico sectorial constituye, a mí modo de ver, una simplificación o un reduccionismo que evidencia la ignorancia de quienes así lo plantean.

El hecho de que la Universidad aparezca integrada, y así se ha entendido racionalmente, como un eslabón del proceso educativo no impide, cuando más bien estimula, que una parte sustancial de su labor pueda estar ligada a la gestión de los procesos innovadores que contribuye al desarrollo del entramado empresarial. Así ocurre hasta ahora y así seguirá ocurriendo pues ese engarce resulta consustancial y esencial a la proyección universitaria y a la captación de recursos. Las aportaciones empíricas realizadas en este sentido lo avalan con fuerza.

Considerarla de manera desagregada de la estrategia educativa no aporta nada nuevo, salvo un enfoque que minimiza y relega a una función meramente instrumental el alcance de la función universitaria asimilándola a los paradigmas de simple mercadotecnia cultivadas por las universidades de gestión privada, cuya parafernalia, con un balance cualitativamente muy cuestionado, parece prevalecer en la mentalidad de ese gobierno que se vislumbra en Castilla y León con más sombras que luces.

Entre la defensa de la Constitución y la exclusión social

Este artículo ha sido publicado en su edición digital por el diario El Norte de Castilla 

Previendo los resultados ofrecidos por las encuestas, sin mayorías absolutas, y a tenor de las declaraciones programáticas, no ha habido lugar a la sorpresa en el proceso de configuración de los gobiernos regionales salidos de las últimas elecciones autonómicas en España. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos de colaboración por parte de las dos principales opciones políticas del país – y que, en opinión de quien esto escribe, serían los más beneficiosos para acometer con garantías los grandes desafíos a que se enfrenta el Estado – la formación de gobiernos de coalición entre el Partido Popular y Vox se muestra como la opción finalmente adoptada tras un dilatado proceso de negociación pretendidamente laborioso, aunque todo hacía pensar que el pacto y sus detalles estaban ya muy perfilados desde el día posterior a las elecciones. La escenografía diseñada no ha sido si no un intento de presentar ante la ciudadanía un panorama continuo de tira y afloja más aparente que real.

            Llegado el momento de gobernar, la ciudadanía asiste expectante al despliegue de las estrategias que hayan de determinar la acción de gobierno, seguramente mediatizada por las desconfianzas mutuas, ostensibles en la etapa previa a la celebración de los comicios y no superadas pese al acuerdo alcanzado. Me atrevo a pensar que la singladura gubernamental no va a ser ajena a momentos de zozobra determinados por la competencia latente entre ambos partidos con la mirada puesta tanto en la capitalización de sus decisiones a nivel regional como en el horizonte que realmente interesa a sus máximos dirigentes, que no es otro que el abierto por las elecciones generales más o menos inminentes.  

            Si desde la perspectiva del ciudadano interesado por la situación política son muchas las incógnitas planteadas en las legislaturas autonómicas que acaban de comenzar, es evidente que un lugar destacado en la jerarquía decisional se identifica con la aplicación de los instrumentos destinados a la puesta en práctica de uno de los núcleos centrales de los acuerdos como es de la llamada “prioridad nacional”, convertida en la piedra angular de los acuerdos de gobierno y en el factor determinante de todos sus objetivos.

             Los debates suscitados en torno a este concepto son tan intensos como múltiples las incertidumbres que se ciernen sobre su aplicación. Lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, relativamente dilatada en el tiempo, pues comienza a perfilarse de forma explícita a mediados de los años setenta del siglo XX cuando hacen su aparición en Francia obras y movimiento que preconizan “un Estado mínimo económicamente y máximo en lo que respecta a la higiene de la raza”. La publicación en 1985 del libro de Jean Marie Le Pen “Los franceses primero” tendrá su posterior corolario en el término “prioridad nacional”, que promueve con especial vehemencia su hija Marine Le Pen como reacción frente a la “laxitud migratoria que ha transformado las políticas de familia en una mina de subvenciones (sic) para la población inmigrante. Se fragua y consolida así el ideario esencial – de hecho, el único – sobre el que se sustenta la ultraderecha europea.

            Quienes recelan de las connotaciones problemáticas que ese concepto simplificador y excluyente entraña tratan de diluirlas mediante la alusión al “territorio” en sentido paliativo. Pero – aparte de los riesgos de cuantificación que implica el análisis del “arraigo territorial” -  difícilmente se pueden disociar ambas nociones cuando aparecen imbricadas a través de la configuración de una realidad social compleja en la que el vínculo con el territorio constituye la esencia de una relación que se modela a lo largo del tiempo hasta fundamentar el desarrollo de los mecanismos de redistribución solidaria, basados no en el criterio de la nacionalidad del demandante sino en sus necesidades. La función del Estado no es otra que la de responder a las urgencias sociales y, por tanto, a la protección de quienes se enfrentan a dificultades financieras y a los problemas inherentes a la vida, apoyándose para ello en las cotizaciones y en la eficiencia y equidad del sistema tributario sin distinción de nacionalidad ni segregación en función de los niveles de arraigo, variables en función de los cambios incesantes que, debido a la movilidad, tienen lugar en el tiempo y en el espacio.    

            Y, como es obvio, la aplicación  de la “prioridad” en el sentido políticamente acordado tropieza con el ordenamiento jurídico, vulnerando la Constitución, además de incumplir directrices de la UE, como las establecidas el 27 de febrero de 2018 por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) mediante un informe sobre España, al establecer dos  Recomendaciones claves: la 22, al instar a que “las autoridades españolas adopten a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación”; y 27 por la que se establece que las autoridades “adopten medidas con carácter urgente para crear un organismo de promoción de la igualdad”. El cumplimiento de ambas Recomendaciones se enmarca en la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que, en su preámbulo indicaba de forma explícita que “el artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación”, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia personal o social. Además, el apartado segundo del artículo 9 establece “la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva”.

Celtas Cortos, Premio Excelencia Cultural 2026

 Fueron un soplo de aire fresco en la tarde calurosa que envolvía la Feria del Libro Vallisoletana. El Ateneo de Valladolid, del que soy socio, entregaba el Premio de Excelencia Cultural al grupo musical Celtas Cortos en uno de los actos más entrañables y emotivos que he vivido en mucho tiempo. Nunca lo olvidaré.

Si las cinco composiciones con las que deleitaron a los asistentes permitieron disfrutar del estilo inconfundible que les caracteriza, inmerso con gran sensibilidad y talento en la tradición de la música irlandesa asociada a los ritmos célticos, personalmente me invadió la emoción con sus discursos de agradecimiento.

Reconociendo su identificación con la ciudad en la que nacieron y en la que dieron a conocer sus canciones iniciales, demostraron una lealtad conmovedora con sus orígenes - el humilde y emblemático barrio de Delicias en los años 80 - y con los valores obtenidos de su formación en la enseñanza pública, en el Instituto de ese barrio, con el que colaboré a menudo y del que conservo recuerdos imperecederos.

Demostraron, con la fuerza que dan la autenticidad y la sinceridad, la importancia que emana del arraigo con un entorno vital difícil, con privaciones y con desvelos capaces de cimentar el despliegue del talento innato en ese sentimiento de pertenencia sobre el que se sustenta la cultura abierta, solidaria y participativa que ese grupo ha sabido transmitir tanto en las situaciones de penuria como de triunfo y prestigio justamente merecidos y logrados con un esfuerzo espectacular. Protagonistas como son de una peripecia admirable en todos los aspectos.

Lo sucedido en la tarde de ayer en el Salón Principal del Círculo de Recreo convenció a muchos de cuantos asistimos a él de lo que significa la cultura de calidad, creativa, innovadora, de progreso y esperanza. De ahí la necesidad de aferrarnos a este tipo de experiencias para neutralizar la incómoda sensación que provoca el hecho de saber que la responsabilidad de la "cultura" en Castilla y León va a ser entregada en el gobierno regional a gentes del partido Vox hacia las que, en principio, y oyéndoles hablar, sólo cabe recibir con desconfianza y mucha, pero que mucha, preocupación.