Cuando la consideración del trabajo se degrada hasta el punto de lesionar los principios en los que se basa la propia dignidad de los trabajadores mediante la destrucción del derecho laboral cuesta entender que los intereses y las sensibilidades afectadas o susceptibles de serlo no se sumen al clamor que justificadamente reivindica su defensa.
Son tan vagas las promesas de que la reforma laboral emprendida por el gobierno de la derecha vaya a aliviar la tragedia del desempleo incesante, tan cuestionables sus resultados pretendidamente positivos en un contexto de recesión incontrolada, que cobra plena justificación el derecho a la protesta como reacción lógica de una sociedad que cada vez se encuentra más inerme ante un modelo de gestión aberrante de la crisis, generadora de todas las fracturas e inseguridades que quepa imaginar.
Si en algo tan esencial como es la política aplicada al trabajo se resumen los aspectos sustantivos de la democracia y de los derechos humanos, no puedo por menos de plantear una cuestión, a la vista de lo observado en mi recorrido por las calles vallisoletanas esta mañana del 19 de febrero de 2012: ¿qué ha sido del movimiento del 15-M? ¿Dónde estaban los indignados que llenaron calles y plazas en la segunda mitad de 2011? ¿Hasta qué punto su ausencia perceptible en la manifestación contra la reforma laboral no supone una advertencia de que quizá sus movilizaciones fueron más la expresión de un clamor esporádico que el reflejo de una postura dotada de la consistencia necesaria, resistente al desgaste inexorable del tiempo?
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