Cuando las provincias despobladas defienden sus cualidades ambientales

 

Aunque es tierra en crítica situación demográfica, no es Castilla y León una región adormecida. Hay vida, hay sensibilidad, hay espíritu de lucha frente a las amenazas que se ciernen sobre ella. No he querido esta lluviosa mañana, recién comenzada la primavera, estar ausente de la importante manifestación que ha recorrido las calles del centro de Valladolid denunciando los riesgos ambientales a las que se ve expuesta por el mero hecho de ser un vasto territorio semivacío en el que es posible acometer iniciativas que ponen en peligro su calidad global y la calidad de sus recursos: el agua superficial, los acuíferos, el aire, los suelos. La vida natural, en suma, amenazada. La disponibilidad de espacio y la presunción de una débil capacidad reactiva inducen a pensar que el nivel de tolerancia puede ser más alto y permisivo de lo que debiera.

Ahora bien, no es un clamor renuente a la transformación del territorio siempre y cuando aporte desarrollo, empleo, bienestar, recuperación demográfica. Las alarmas que, científicamente fundamentadas, ponen en entredicho los perjuicios de la ganadería intensiva, la fabricación de biogás y los impactos indiscriminados de la generación eléctrica, forman parte de una reflexión con sólida apoyatura empírica, y con argumentos comparativos muy rigurosos, que necesariamente ha de ser tenida en cuenta en la toma de decisiones.

No ha sido una manifestación banal ni festiva. He hablado con mucha gente, de todas las edades, de las profesiones más diversas. Hacia tiempo que no tenía una experiencia similar. Daría para un buen análisis el resultado de este trabajo de campo que, repleto de notas en la libreta que siempre me acompaña, he hecho en solitario, de principio a fin, durante dos horas muy intensas.

Todo es discutible, desde luego, sobre todo ante un tema en el que confluyen tantos enfoques como estimaciones. Pero es que de lo que se trata es de escuchar el clamor de los ciudadanos que, desde Soria y Zamora, las provincias más extremas y vulnerables, reivindican el derecho a ser tenidas en cuenta.