Se lo deben todo a la Constitución, aprobada en 1978, pero la ignoran, la castigan con el desdén y la indiferencia. No va con ellos. Sus intereses y ambiciones ocuparon un papel esencial en la concepción y elaboración del texto constitucional, que ha asegurado el período de mayor libertad y estabilidad democrática de la historia de España.
Cataluña - donde el texto fue ratificado por una mayoría superior al promedio del Estado - y el País Vasco, espacios que enriquecen y prestigian la realidad española dentro de su diversidad, fueron reconocidas como nacionalidades (¿a qué otro territorio podría ir destinado este concepto, ambiguo y reconocedor a la vez de una singularidad?), poseen las mayores cotas de autogobierno de su historia, sus lenguas cooficiales gozan de un extraordinario nivel de protección y estímulo, y sus ciudadanos disfrutan de un notable grado de bienestar. Y hasta en un caso, el vasco, el texto que se conmemora reconoció algo insólito: el dumping fiscal constitucionalizado. Nada menos.
Sin embargo, las opciones políticas beneficiarias de esos logros se muestran ajenas al reconocimiento de la efeméride. ¿Tanto cuesta sentirse parte de un Estado al que tanto deben? ¿Por qué es tan difícil y obtuso reconocerlo? ¿Por qué?
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