Quienes vivimos la transición de la dictadura a la democracia en España - posiblemente el cambio de modelo político más singular ocurrido en el mundo - nunca supusimos que la institución monárquica (en la que se fundamenta la Monarquia Parlamentaria) iba a quedar afectada por la grave crisis que se cierne sobre ella casi medio siglo después de haber sido constitucionalmente respaldada por una amplia mayoría del pueblo español (91.9 por 100 del voto, representativo del 59 por 100 del censo electoral). Es una crisis que no debería haberse producido nunca tal y como está sucediendo.
Era inimaginable que el titular de la Monarquía, entronizado con la dimensión simbólica que se le otorgaba en un sistema democrático y con responsabilidades delimitadas (aunque con reconocimiento de la inviolabilidad absoluta) se viese obligado a abdicar de forma abrupta por el cúmulo de irregularidades y malas prácticas cometidas durante una etapa no pequeña de su mandato. Sorprende al ciudadano que las irregularidades que se le atribuyen, comprobadas aunque legalmente inefectivas por la inviolabilidad que la CE le otorga, fuesen llevadas a cabo por quien debiera haber sido consciente de los riesgos que la institución corría, condicionada además por precedentes dolorosos para la dinastía responsable. El exilio, voluntario o forzoso, impregna la memoria trágica de sus predecesores. Durísima lección para no olvidar.
No es, pues, un tema baladí y no puede quedar desprovisto de reflexión y debate. Lo que está ocurriendo en estos momentos no tiene parangón en ningún otro país del mundo. ¿Otro ejemplo más de la excepcionalidad española? ¿Spain is different really?
Si el prestigio de la Monarquía puede verse lesionado por la imagen de quien la ostenta, también es cierto que, como tal, la Institución acaba prevaleciendo, aunque siempre y cuando demuestre su utilidad y se enmarque en pautas de ejemplaridad indispensables como garantía de supervivencia. La Monarquía española es mucho más frágil que las de los países europeos con testas coronadas.
¿Qué debe hacer Juan Carlos I, que se halla a la postre en situación de rey errante y que además, como el comandante del Gabo, no tiene quien le escriba y le albergue en su país salvo para navegar en un fugaz fin de semana? ¿Los servicios prestados pueden eclipsar e incluso anular la imagen de deterioro que él mismo ha provocado? ¿Cómo resarcir la imagen maltrecha, a sabiendas de que las explicaciones, que se le piden y que no dará, nunca serán valoradas como suficientes?
No ha habido en la historia de España un período de paz, libertad y desarrollo como el vivido en los últimos 44 años, 36 de los cuales bajo su mandato. Es triste que ese bagaje pueda quedar en entredicho. Mas lo cierto es que la tensión que vive el país por este tema no se la merecen los españoles.
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