Según el Regional Authority Index (RAI), España es el segundo país más descentralizado del mundo. Como seguramente muchos no lo saben, no está de más recordarlo. El primer lugar, según esa clasificación, lo ocupa Alemania, aunque hay indicadores que en nuestra noción superan algunas de las variables alemanas.
Jamás, nunca jamás, los territorios en los que una fracción de sus fuerzas políticas reclama en España procesos secesionistas han disfrutado de un mayor nivel de autogobierno y de bienestar que el que les ha otorgado la Constitución de 1978. Abundan hasta la saciedad las investigaciones que así lo evidencian. Dispongo en mi biblioteca de los informes elaborados por la Asociación Española de Ciencia Regional desde mediados de los ochenta, y a la que pertenecí durante años. Reiteradamente se ratifica está tendencia, que además viene respaldada por los análisis efectuados por el Comité de las Regiones de la Unión Europea.
La Historia resulta tan contundente y clarificadora en este sentido que resulta ofensivo para la memoria, el prestigio y la dignidad de los españoles los intentos de sumisión pretendidos mediante los niveles de presión, chantaje y humillación a que algunos dirigentes de esos territorios someten la gobernabilidad del Estado, con el solo objetivo de doblegarlo a sus intereses partidistas y personales.
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