24 de enero de 2015

El obligado comportamiento ético del profesorado universitario.

La Universidad pública se nutre esencialmente de recursos públicos y sus actividades son inherentes a su condición de servicio público. El profesorado está sujeto a unas normas de conducta que deben ser respetadas, so pena de vulnerar la imagen de la institución. Cuando se participa de un proyecto de investigación, financiado con cargo a convocatorias públicas, todos los procedimientos a seguir deben estar cuidadosamente regulados y formalizados. Los permisos, las modificaciones del equipo, los ajustes en el presupuesto, la movilidad de los investigadoras han de atenerse a las solicitudes y autorizaciones reglamentarias, siempre por escrito y con registro de salida, que después se unirá al documento con registro de entrada, recibida la autorización. 

Cuando, por su parte, se acomete un contrato de investigación (de acuerdo con el Art. 83 de la Ley Universitaria), el desarrollo del proceso contractual tiene que figurar pormenorizadamente en un contrato suscrito entre la entidad financiadora y la Universidad, de modo que todos los pagos se canalizan a través de ésta, que supervisa tanto las entregas para gastos como los abonos correspondientes, entre ellos las retribuciones del personal adscrito a la investigación. Jamás el investigador, que siempre opera en el seno de un equipo, gestiona directamente un euro o un dólar. Lo de Juan Palomo suscita en este caso todas las sospechas. 

Por su parte, la Universidad detrae una cantidad del contrato (generalmente el 15%) que nutre su presupuesto, lo que parece lógico teniendo en cuenta que los profesores investigadores hacen uso de los medios e infraestructuras universitarios para realizar sus trabajos y el tiempo ocupado en ello se hace a costa de la dedicación - a tiempo completo o parcial - a la que el profesor - funcionario o contratado - se compromete con la Universidad y por la que se le retribuye todos los meses. Así han de funcionar las cosas si no se quiere incurrir en omisiones, opacidades, irregularidades o corruptelas. 

¿Sabían esto o acaso lo ignoraban los profesores Iglesias Turrión, Errejón Galván o Monedero Fernández-Gala, docentes vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, de cuya plantilla forman parte? Que cada cual saque sus conclusiones. Defendamos la ética como principio rector de las conductas.

2 comentarios:

  1. Muy cierto: la ética debe regular toda nuestra conducta, pública y privada. Saludos cordiales.

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  2. Claro que debían de saber, forma parte de su entorno laboral. También hay médicos que fuman, a pesar de saber perfectamente las consecuencias y, como las personas que citas, estar continuamente diciéndole a la gente que actúe de manera correcta.

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