El Norte de Castilla, 20 de octubre 2021
(décimo aniversario de la rendición y desaparición de ETA)
Reflexionar sobre el fenómeno de la despoblación - tarea que no cesa como expresión de un compromiso social necesario y cada vez más compartido- solo tiene sentido cuando el análisis de los factores que lo provocan se contempla teniendo en cuenta al mismo tiempo las posibles alternativas encaminadas a su corrección. El reconocimiento del problema es indisociable del valor reconocido a las soluciones. Desde luego, no es un ejercicio fácil tanto por la multiplicidad de causas que motivan el problema como por las incertidumbres a que se enfrentan las estrategias comúnmente planteadas para resolverlo. La relación entre factores y opciones alternativas resulta, por tanto, necesaria, aunque este engarce tenga carácter asimétrico. Y es que, si la interpretación de los hechos alcanza niveles de precisión rigurosos, la indefinición, como corresponde a un escenario de incógnitas por resolver, marca el rasgo dominante cuando de plantear opciones viables y duraderas se trata.
Ahora bien, alejados de actitudes voluntaristas, hay que admitir que, tratándose de un problema complejo y con dimensión socio-espacial relevante - las áreas rurales representan la tercera parte de la población de la Unión Europea y ocupan el 80% de su territorio -- no se debe perder la confianza en los esfuerzos y en las esperanzas manifestados, cada vez con más frecuencia, por aquellos movimientos que reiteradamente expresan su deseo de que esa realidad crítica no sea ignorada y, menos aún, desatendida. Se han convertido en un amplio clamor, en el que, junto a las proclamas expuestas en la calle, ofrecen notable consistencia los argumentos apoyados en sólidos análisis, con firme fundamentación empírica y demostrativos, cifras en mano, del alto nivel de inquietud alcanzado, susceptible de ofrecer una gran resonancia política, que emerge en un intento de búsqueda del amparo que creen no encontrar en las opciones convencionales. Así lo evidencia la dimensión de la III Asamblea General de la España Vaciada, celebrada el pasado septiembre en la villa conquense de Priego, en la que se han dado cita más de setenta grupos y asociaciones, provenientes de 28 provincias. A este respecto no deja de llamar la atención la presencia vigorosa en este afán reivindicativo de los jóvenes, que de esta manera tratan de dejar constancia de su sensibilidad por el problema – dar cuenta de que también existen y de que políticamente también pueden dejar constancia de ello- y de su disposición para asumir los retos que exige la recuperación siempre que encuentren las condiciones adecuados que lo hagan posible.
De ahí que, por encima de las posiciones simplemente limitadas a dar cuenta de la preocupación que el hecho suscita y de las lamentaciones que lo acompañan, lo cierto es que para afrontar el debilitamiento económico de un espacio en crisis demográfica no hay otra posibilidad que la asociada al despliegue de la capacidad de iniciativa empresarial, ya sea de origen endógena o proveniente del exterior, y no sólo en la actividad agraria, aunque su capacidad para generar empleo sea ya muy limitada, sino también a través de la diversificación en el abanico de posibilidades que ofrecen la industria y los servicios ligados al aprovechamiento de la riqueza del territorio.
Es en este escenario de perspectivas en el que deben basarse las reflexiones estratégicas, de forma que vayan más allá del simple juicio de intenciones para plasmarse en actuaciones operativas, bien diseñadas, debidamente asesoradas y viables, capaces de encontrar en el territorio no necesariamente urbano la plataforma idónea para su implantación y desarrollo. Bastaría con otorgar sentido práctico a los objetivos contemplados en la Declaración de Cork 2016, que desglosa en diez apartados los principios en los que debe sustentarse la utilización eficaz de los recursos a sabiendas de que, mediante políticas públicas adecuadas, la gestión de las sinergias entre los diferentes sectores y la mejora de los servicios es posible asegurar las condiciones que faciliten “una vida mejor en el medio rural”.
Reconociendo que de antemano se trata de un proceso territorialmente selectivo, existen experiencias que inducen a la reflexión. Recurramos a modo de ejemplo al hecho de que empresarios catalanes hayan instalado en un pueblo de Burgos una empresa innovadora, Centro Pamaso, digna de ser tenida en cuenta. Lo hicieron en Villahoz, un pequeño municipio de 300 habitantes, en el valle del Arlanza. Es una iniciativa interesante, concebida con criterios de sostenibilidad y en cuyo impulso ha intervenido la capacidad de estímulo ejercida por empresas relevantes del llamado Polo Positivo burgalés. En Milagros, cerca de Aranda, se esperan proyectos similares, así como en otros puntos del espacio regional, en paralelo con lo sucedido en otros poblacionalmente débiles, que convendría seguir de cerca y analizar in situ. No es un fenómeno masivo, pero conviene estar atentos a la tendencia, reveladora de una capacidad competitiva asumida por algunas empresas.
Tengamos en cuenta que los procesos demográficos son el corolario de los procesos económicos. No son la causa sino el efecto. Y no cabe duda de que la reestructuración del sistema funcional básico (sanidad y educación) depende en sus perspectivas de futuro de la acreditación que la región pueda tener, también en el mundo rural, como ámbito de oportunidades, habida cuenta de que las infraestructuras de acogida con que cuenta la Comunidad Autónoma puedan favorecerlo sin olvidar lógicamente las políticas de mejora que puedan llevarse a cabo. Se trata, en suma, de asumir el desafío que supone la voluntad de afianzar el atractivo de Castilla y León como un escenario de oportunidades plurisectoriales y respetuosas con su calidad geográfica mediante la promoción activa de las cualidades del territorio como espacio bien dotado de posibilidades, explícitas y latentes, capaces de neutralizar la regresión demográfica de la que se ve afectado.
