Manuel Marchena y Manuel Valls: la dignificación del Derecho y de la Política

Deseo resaltar, porque creo que es de justicia, la acción positiva realizada a favor de nuestro país por dos personas a las que concedo especial relevancia pública.  Se trata de Manuel Marchena y de Manuel Valls. No debe pasar mucho tiempo sin que se les otorgue el alto reconocimiento que merecen. Gran labor la de los dos Manueles en situaciones tan críticas como las que han tenido que afrontar.

Manuel Marchena, el juez Marchena del Tribunal Supremo, ha logrado dignificar el funcionamiento de la justicia y la imagen del Estado, dentro y fuera de España. Con solvencia, con educación, con seriedad y con sentido de la autoridad ha presidido el juicio del llamado procés, demostrando que el Estado de Derecho existe de manera efectiva en España. No me cabe duda de que la sentencia estará a la altura del procedimiento seguido. Ignoro el impacto que el juicio haya tenido en Cataluña, aunque sin duda ha servido para demostrar que el Estado existe y que la Constitución establece unas reglas de convivencia que hay que respetar.

Magnifica y habilisima ha sido también la acción de Manuel Valls para reorientar el sentido de la alcaldía de Barcelona a favor de la opción que más beneficia al Estado. Sin esperar nada a cambio y recibiendo como toda respuesta la indiferencia de Inmaculada Colau, pese a que le debe la alcaldía, ha sabido Valls hacer frente a la marrulleria política de los de Rivera y demostrar ese sentido de Estado y de la decencia política de la que Albert ha carecido. Gracias a su actitud, el lunático Ernest Maragall ha quedado aparcado para siempre, el independentismo xenófobo no gobierna en Barcelona y, lo que no es menos importante, ha dado una lección de sensatez a Jaume Collboni y al conjunto del Partit dels Siocialistes de Catalunya (PSC), que posiblemente contribuya a reforzar las coherencias de este partido, a veces incomprensible. Es mucho y valioso lo aportado por Valls, amén de la demostración de sentido de la decencia demostrado al negar el saludo a un sujeto infame y en declive como es Joaquim Torra, a quien solo le espera ya el reconocimiento de su estrepitoso fracaso como President de la Generalitat de Catalunya.

De cuando los Ayuntamientos democráticos nacieron, hace treinta años, en España

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Con razón se afirma que la democracia adquiere a nivel local su grado de expresión más claro y convincente. Los ciudadanos perciben a los Ayuntamientos como las instituciones más cercanas, más ligadas a sus intereses, las que les atienden – o debieran atenderlos – en algo tan fundamental como es la calidad de la vida cotidiana. Por esa razón no carece de importancia la celebración del trigésimo aniversario de las elecciones que dieron lugar a las primeras Corporaciones Municipales Democráticas tras la “larga noche de piedra” como definió el insigne poeta gallego Celso Emilio Ferreiro a la dictadura franquista.

Recuerdo perfectamente el ambiente de entusiasmo con que la sociedad española tomó parte en aquel acontecimiento, acudiendo a las urnas un brumoso sábado del 3 de Abril de 1979. Las calles estaban repletas de cartelería de todos los colores y rostros que uno quepa imaginar. Los slógans incitaban a la broma y favorecían los comentarios en pro y contra de una ristra de candidatos, donde lo más llamativo era la contraposición entre el discurso suficiente y engolado del candidato que trataba de mantener las esencias y el momio de los que hasta entonces habían ocupado la poltrona municipal y los nuevos políticos que se incorporaban a las lides democráticas con enorme bisoñez y no sin cierto pudor, sin creerse mucho todavía que aquellos edificios solemnes que durante tantos años les habían resultado inaccesibles y cerrados iban, al fin, a abrir sus puertas a los vientos entusiastas, renovados y críticos de la calle.

Y ocurrió. Vaya si ocurrió. Si las elecciones municipales de 1931 arrumbaron una Monarquía insostenible para impulsar la llegada entusiasta de la Segunda República, las de 1979 sirvieron para afianzar la idea de que la democracia se iba consolidando y que los pasos hacia la normalización de la vida política eran firmes y seguros, conscientes de que la cultura del pacto que se inició para configurar las mayorías en muchísimos Ayuntamientos ponía a prueba la solidez de las convicciones y la seguridad de que sólo así se podría afianzar el espacio público de libertad. Ese espacio que, por fortuna, logró sobrevivir y fortalecerse tras la asonada militar del 23 de Febrero de 1981, cuando los estertores de la política vieja y represiva auspiciada por el dictador durante cuarenta años quedaron barridos para siempre.

Optimismo, confianza e ilusión. Tales eran los ingredientes con que nacieron los nuevos Ayuntamientos en España hace treinta años. No es fácil hacer una valoración de lo que significó la democratización en un conjunto tan numeroso y heterogéneo. Mas de lo que no cabe duda es de que en sus inicios la andadura municipal estuvo marcada por el esfuerzo, por el afán de renovación y mejora de los servicios públicos, por la modernización de la administración local y por una ejecutoria regida por los principios de la honradez en la gestión de lo público. Se entendió con claridad que una nueva etapa empezaba y que las prácticas heredadas de un régimen liberticida y corrupto debían ser sustituidas por la transparencia, el contacto con la sociedad, la protección del patrimonio hasta entonces maltratado y la participación ciudadana. Sí, defiendo el recuerdo de aquella época y de aquellas primeras administraciones municipales, aunque tampoco ignore los errores cometidos, de los que con mucha frecuencia se pedían disculpas.

Sin embargo, creo que la evolución ulterior del municipalismo en España deja mucho que desear. A mi juicio, la década de los noventa supone un momento de inflexión en esa imagen valorativa con la que cabe interpretar la experiencia comenzada en 1979. Tantas cosas han cambiado, tantos hábitos y actitudes han sufrido el deterioro del tiempo y del propio empobrecimiento de la democracia, que cuando se analiza el tema las luces iniciales se difuminan ante las sombras que posteriormente dominan el horizonte, y de las que hablaré en otra ocasión.

Imagen: Ayuntamiento de Pajares de Adaja (Avila)

La rebelión de los Ayuntamientos o la cuadratura del círculo español

Se veía venir. Tarde o temprano, pero se venía venir. Los Ayuntamientos españoles se han puesto en pie de guerra, es decir, se han movilizado para plantear al Gobierno una reivindicación rotunda: “nosotros también existimos, tenemos problemas para llegar a fin de mes, estamos con el agua al cuello, no podemos más, los servicios que prestamos pueden llegar a resentirse, y, por, lo tanto, reclamamos un cambio en el modelo de financiación que nos permitan funcionar con normalidad”. Ahí es nada en un momento en el que el Gobierno trata de salir a flote en el pantano en el que se ha metido con un modelo de financiación de las Comunidades Autónomas (regiones) supeditado a los acuerdos adoptados con cada una de ellas. Un tremedal de aquí te espero, marinero.

En estas ha llegado Pedro Castro, alcalde de Getafe y flamante Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha dicho, tras ver frustradas sus esperanzas de que el Getafe ganase la Copa del Rey: ¡hasta aquí hemos llegado!. La FEMP, que agrupa a 7.300 ayuntamientos y entidades locales, se ha pronunciado ya. Más o menos el discurso va como sigue: “No queremos continuar siendo las víctimas en el reparto del pastel. Asumimos y desempeñamos un montón de responsabilidades, que no cesan de aumentar a medida que los problemas sociales y las exigencias de calidad de vida por parte de los ciudadanos se agudizan y nuestra participación en los gastos del Estado se mantiene desde hace décadas en torno al 15%, mientras las Comunidades Autónomas piden y piden y vuelven a pedir, hasta superar ya a la Administración General del Estado”.

Los más díscolos de los alcaldes apuntan: “Mientras las Comunidades Autonomas no paran de solicitar competencias y mayor descentralización, se callan como muertos cuando de proveer de competencias y recursos a los municipios se trata. No hay derecho, tú”. Y los que tratan de ofrecer una imagen de mayor honestidad no son menos elocuentes: "Para financiarnos hemos utilizado la política de suelo y vivienda que nos permitía generar recursos a costa de la calidad ambiental del Municipio, dando origen a escandalosas situaciones de especulación que han deteriorado nuestra imagen y extendido la idea de que todos somos corruptos. Y eso sí que no, caramba. Ahora, cuando ya no es posible seguir nutriendo nuestras arcas de ese modo porque la construcción ha decaido, deseamos que no se nos señale como los que enriquecemos a los promotores, nos aprovechamos nosotros mismos y destruimos el paisaje". Son tiempos de ajuste, propicios para recuperar la honorabilidad perdida, por obligada.

En suma: que los Municipios solicitan la friolera de 7.000 millones de euros, que es “lo que les cuesta hacerse cargo de asuntos para los que no tienen dinero ni competencias, pero de los que se ocupan porque nadie lo hace”.

Y todo ello en medio de una crisis, que ha dejado en los huesos al superavit del Estado, acumulado en la etapa expansiva de la economía durante la primera legislatura gobernada por Rodríguez Zapatero. Esto es peor que un “sudoku”, que diría Solbes. Es la cuadratura del círculo que no para de rodar y rodar, que diría yo, simple ciudadano que paga sus impuestos y que asiste perplejo a la ceremonia de la rebatiña organizada por las Administraciones públicas.

(Fotografía: Fachada del Ayuntamiento de Valladolid, cuyo edificio fue inaugurado hace 100 años)