La rebelión de los Ayuntamientos o la cuadratura del círculo español

Se veía venir. Tarde o temprano, pero se venía venir. Los Ayuntamientos españoles se han puesto en pie de guerra, es decir, se han movilizado para plantear al Gobierno una reivindicación rotunda: “nosotros también existimos, tenemos problemas para llegar a fin de mes, estamos con el agua al cuello, no podemos más, los servicios que prestamos pueden llegar a resentirse, y, por, lo tanto, reclamamos un cambio en el modelo de financiación que nos permitan funcionar con normalidad”. Ahí es nada en un momento en el que el Gobierno trata de salir a flote en el pantano en el que se ha metido con un modelo de financiación de las Comunidades Autónomas (regiones) supeditado a los acuerdos adoptados con cada una de ellas. Un tremedal de aquí te espero, marinero.

En estas ha llegado Pedro Castro, alcalde de Getafe y flamante Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha dicho, tras ver frustradas sus esperanzas de que el Getafe ganase la Copa del Rey: ¡hasta aquí hemos llegado!. La FEMP, que agrupa a 7.300 ayuntamientos y entidades locales, se ha pronunciado ya. Más o menos el discurso va como sigue: “No queremos continuar siendo las víctimas en el reparto del pastel. Asumimos y desempeñamos un montón de responsabilidades, que no cesan de aumentar a medida que los problemas sociales y las exigencias de calidad de vida por parte de los ciudadanos se agudizan y nuestra participación en los gastos del Estado se mantiene desde hace décadas en torno al 15%, mientras las Comunidades Autónomas piden y piden y vuelven a pedir, hasta superar ya a la Administración General del Estado”.

Los más díscolos de los alcaldes apuntan: “Mientras las Comunidades Autonomas no paran de solicitar competencias y mayor descentralización, se callan como muertos cuando de proveer de competencias y recursos a los municipios se trata. No hay derecho, tú”. Y los que tratan de ofrecer una imagen de mayor honestidad no son menos elocuentes: "Para financiarnos hemos utilizado la política de suelo y vivienda que nos permitía generar recursos a costa de la calidad ambiental del Municipio, dando origen a escandalosas situaciones de especulación que han deteriorado nuestra imagen y extendido la idea de que todos somos corruptos. Y eso sí que no, caramba. Ahora, cuando ya no es posible seguir nutriendo nuestras arcas de ese modo porque la construcción ha decaido, deseamos que no se nos señale como los que enriquecemos a los promotores, nos aprovechamos nosotros mismos y destruimos el paisaje". Son tiempos de ajuste, propicios para recuperar la honorabilidad perdida, por obligada.

En suma: que los Municipios solicitan la friolera de 7.000 millones de euros, que es “lo que les cuesta hacerse cargo de asuntos para los que no tienen dinero ni competencias, pero de los que se ocupan porque nadie lo hace”.

Y todo ello en medio de una crisis, que ha dejado en los huesos al superavit del Estado, acumulado en la etapa expansiva de la economía durante la primera legislatura gobernada por Rodríguez Zapatero. Esto es peor que un “sudoku”, que diría Solbes. Es la cuadratura del círculo que no para de rodar y rodar, que diría yo, simple ciudadano que paga sus impuestos y que asiste perplejo a la ceremonia de la rebatiña organizada por las Administraciones públicas.

(Fotografía: Fachada del Ayuntamiento de Valladolid, cuyo edificio fue inaugurado hace 100 años)