El referendum autonomista en Bolivia: arriesgada perspectiva para un Estado débil

Algo muy grave está sucediendo en Bolivia. Algo que puede amenazar los cimientos del pais y servir como arriesgado precedente a movimientos similares en América Latina, donde la debilidad de los Estados puede verse agravada por este tipo de procesos puestos en marcha sin garantías legales. Se mire por donde se mire el referéndum sobre el estatuto de autonomía promovido por una asamblea de diputados, senadores y concejales de Santa Cruz de la Sierra, y convocado para el 4 de Mayo, supone un desafío en toda la regla al Estado boliviano. Implica una crisis política de enorme gravedad, ya que se trata de una consulta carente por completo de seguridad jurídica y de legalidad democrática, por más que sus promotores promulguen ampulosamente a quienes les quieran oir que la consulta es legal porque la pide el pueblo. Más aún, lo plantean como una cuestión local, de "la gente de aqui", como ha dicho el Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien sorprendentemente ha destacado que "nuestro proyecto no puede ser hecho en España, Estados Unidos, Venezuela o Cuba" (sic).

Es un argumento demagógico ya que, dejando de lado el tan manido como socorrido argumento de las ingerencias externas como pretexto, no se ampara ni está respaldado por ningún texto constitucional propio que organice y articule la estructura del Estado de acuerdo con el procedimiento de descentralización que unilateralmente han concebido y diseñado por su cuenta los grupos dominantes en la región más rica y desarrollada de Bolivia, en la que se encuentran las reservas de gas y petróleo, estratégicas para el funcionamiento de la economía boliviana. No es correcta, pues, la afirmación de sus promotores de que se trata de un movimiento similar al vivido por España a comienzos de los ochenta, pues en España el proceso autonómico, como es bien sabido, emana del Título VIII de la Constitución de 1978, donde se regulan - jurídica, económicamente y en el tiempo - las transferencias procedentes de la Administración central, se establecen los límites del sistema competencial y se marcan las reglas propias de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles del entramado administrativo. Emprender un proceso de autonomía sin un marco jurídico claro que lo defina y ordene es absolutamente irregular.

En este contexto la situación para el Gobierno de La Paz tiende a complicarse si se tiene en cuenta que el mismo movimiento aparece al tiempo impulsado en las regiones de Beni, Pando y Tarija, que se suman al potente contrapeso que, liderado por Santa Cruz, tratan en conjunto de plantear al proyecto de Constitución que, con una fuerte dimensión indigenista y colectivista, ha elaborado el gobierno del presidente Evo Morales, y cuyo referendum ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Bolivia se enfrenta, pues, en estos momentos a la situación más crítica y confusa de Latinoamérica.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado su solidaridad con el presidente de la República, pero no condenó explícitamente la consulta, según informa la prensa local. Después de siete horas de debate en Washington, el consejo permanente de la organización respaldó a "las autoridades elegidas por el pueblo boliviano" y rechazó "cualquier intento de ruptura" del orden constitucional y la integridad territorial. La tensión, sin embargo, está cantada. Suerte a Bolivia y a los bolivianos.