Cuando la juventud cualificada emigra

Pocos temas han suscitado tanta atención en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los últimos años como los problemas que aquejan a su realidad demográfica. La mayor parte de los análisis posee ese nivel de madurez y concreción que permite hacer diagnósticos rigurosos y llegar a conclusiones fiables para comprender sus tendencias esenciales e interpretar correctamente tanto los problemas que afectan a la sociedad castellana y leonesa como a sus perspectivas de futuro. Y es que la dinámica de la población no es sino fiel reflejo de la economía de un territorio. Todos los procesos que desde esta perspectiva tienen lugar en él responden a los efectos derivados de las actividades económicas y, por tanto, de las estrategias que las orientan. Profundizar en esta relación de interdependencia se convierte en un ejercicio obligado cuando se detectan síntomas de alarma que exigen la toma en consideración de factores que, yendo más allá de lo estrictamente demográfico, posibilitan su mejor comprensión y tratamiento.

No es una apreciación sin fundamento la que destaca la importancia que tiene la pérdida de población juvenil en los censos de Castilla y León. Aparte de las numerosas referencias efectuadas por los más relevantes estudiosos del problema, de él se han hecho eco también un sólido informe auspiciado por el Consejo Económico y Social en el año 2002 y, más recientemente, el estudio de la Fundación BBVA – “Actividad y territorio: un siglo de cambios” - , uno de los análisis más completos sobre los impactos provocados por la movilidad de la población en España.

Como aproximación a la magnitud del fenómeno, bastaría señalar que, según datos contrastados, en lo que va de siglo XXI cerca de 110.000 personas entre los 16 y los 29 años han salido de la región, en su mayoría para encontrar empleo en otros ámbitos. Mas, con ser una cifra elevada, no se trata sólo de un hecho cuantitativo. Su alcance, cualitativamente hablando, es aún mayor si cabe, teniendo en cuenta lo que significa la pérdida de población joven en una estructura demográficamente problemática. Representa la circunstancia que más debe alertar en la medida en que a ella aparecen asociadas las tres tendencias que distorsionan la dinámica de una sociedad, a saber, el aumento progresivo del envejecimiento, el declive del capital humano y la desvitalización natural, en función de la mella ocasionada en los índices de natalidad y fecundidad. La concatenación entre estos aspectos sitúa, por tanto, al descenso de los niveles de población joven en el centro mismo de la preocupación socio-política sobre la cuestión y las medidas encaminadas a afrontarla.

Precisar las causas que lo explican no es tarea fácil, a falta de una investigación a fondo sobre el tema, pendiente de realizar. Con todo, y como contribución al debate abierto, no está de más apuntar algunas de las razones que pudieran estar en la raíz de esta preocupante tendencia. A mi juicio, resulta muy cuestionable el argumento que la atribuye a la falta de adaptación del sistema formativo a las necesidades de la oferta de empleo. Aunque siempre se puede avanzar en este sentido, es obvio que el nivel de preparación proporcionado por la dotación académica con que cuenta la Comunidad permite disponer suficientemente de la plataforma adecuada para lograr una buena inserción de la juventud en el potencial mercado de trabajo. Hay que recurrir a otras motivaciones que, por lo que puede percibirse, tienen más que ver con los dos aspectos que con especial énfasis esgrimen quienes optan por orientar su vida fuera de la región en la que se han formado y a la que, en no pocos casos, desearían volver.

De un lado, existe para muchos jóvenes la percepción de que las oportunidades de empleo en Castilla y León son limitadas, de que las exigencias de experiencia previa acaban creando un círculo vicioso del que a veces es muy difícil salir, de que la precariedad de la contratación es excesiva, de que los estímulos a la mejora de su bienestar (vivienda) adolecen de insuficiencia o de que las expectativas de promoción y mejora, una vez logrado el empleo, no son precisamente alentadoras. Y, de otro, no es menor la verificación de que la capacidad de iniciativa empresarial se encuentra muy por debajo de las posibilidades que en principio cabría esperar de una sociedad dinámica, comprometida con su territorio y dispuesta a asumir los riesgos necesarios a la hora de optimizar los recursos disponibles. Cierto es que la trayectoria económica de Castilla y León ofrece experiencias muy encomiables en la creación y gestión de proyectos empresariales innovadores, con un balance positivo en la generación de riqueza y empleo, al tiempo que han servido como plataforma de proyección comercial y tecnológica hacia el exterior. Pero también hay que reconocer que los valores inherentes a la cultura empresarial no presentan la dimensión generalizada en el espacio ni la continuidad en el tiempo ni la escala que haga posible la consolidación de un tejido productivo con posibilidades a largo plazo y con la suficiente fortaleza para resistir los reveses de la coyuntura.

Afrontar la pérdida de efectivos juveniles con éxito no es tarea fácil, pues las inercias en demografía suelen ser muy fuertes, por más que existan instrumentos reguladores que tiendan al fomento del empleo o traten de alentar políticas de rejuvenecimiento. Bastaría, sin embargo, con conocer a fondo las causas que desde el punto de vista económico y social justifican este problema para intervenir decididamente sobre ellas con la firmeza y contundencia que la situación requiere. De ahí el interés que el recientemente llamamiento del Presidente de la Junta a robustecer “el músculo financiero” de la región tiene quizá como parte de una estrategia que, más allá de las declaraciones bienintencionadas, reafirme la convicción de que la competitividad y el prestigio de una región son siempre indisociables del buen aprovechamiento de sus recursos humanos.