Los conciertos con la educación privada en detrimento de la Enseñanza Pública en España

No basta con invocar a los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza para fundamentar los argumentos que han abogado con contundencia y sentido común a favor de la enseñanza pública. Relevantes pensadores de ideología conservadora o de centro derecha como Menéndez Pelayo, José Ortega, Julián Marías, María Zambrano o José Antonio Marina abundan con reflexiones rotundas sobre el decisivo papel que desempeña la enseñanza pública en la formación de una sociedad y en la corrección de las desigualdades sociales en aras de un aprendizaje de calidad. Sin embargo, caso excepcional en Europa, donde la enseñanza privada se nutre de la financiación aportada por quienes optan por ella, la realidad educativa española ofrece un panorama más que preocupante en este sentido. Prima el privilegio a costa de los recursos públicos y en detrimento de la enseñanza en la que todos tienen cabida y a todos integra. Otra excepcionalidad más en este país nuestro tan proclive a los despilfarros y las injusticias sociales.

Cuando yo estudié en un centro privado en los años cincuenta, recuerdo los desvelos de mi padre por abonar el recibo mensual. Aquellos frailes lasalianos se encargaban de recordarlo apenas finalizaba el mes. Y si alguien se retrasaba, la discreción frailuna brillaba por su ausencia aun a costa del rubor del colegial aludido. Eso ocurría durante la dictadura y en medio de las brumas agobiantes del nacionalcatolicismo, que tanto daño ocasionó a España. Ha sido en democracia cuando el reparto de las responsabilidades se ha decantado a favor de una fórmula que resulta lesiva cuando se trata de garantizar la calidad de la enseñanza orientada a quienes prefieren acudir a los Centros y a las Escuelas que han cimentado el prestigio de la educación en España y de quienes la imparten. Si en el campo de la sanidad, quienes desean atención privada la abonan mediante seguro privado, ¿porqué no ocurre lo mismo con la educación?

Como es sabido, la administración paga los salarios de todo el personal docente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, amén de los gastos del personal de servicios, el mantenimiento, conservación y funcionamiento de esos Centros así como los costes del material y equipamiento necesarios para la impartición de las enseñanzas y cursos de formación del profesorado. En suma, todo.

Ahora bien, lo que algunos esgrimen como un "derecho", a cuyo servicio se adoptan medidas en fomento del privilegio, no deja de presentar fisuras o trampas denunciables. Y es que, aunque la ley obliga a los colegios privados con conciertos públicos a brindar la enseñanza sin ningún coste para las familias, esos centros llevan años cobrando una cuota mensual, que se incrementa cada año según el IPC, además de otros gastos complementarios. Es necesario aclarar lo que reciben tales colegios, que además discriminan a alumnos en función de si pagan o no la contribución, disfrazada a efectos de Hacienda como “donación”. He hecho algunas averiguaciones sobre el tema en Castilla y León y son de escándalo.

Al observar este suculento negocio de los conciertos escolares y el caudal abrumador de las inmatriculaciones, de las que también he hablado en este blog, uno comprueba cuán lejos está esta gente de aquella máxima de San Agustín, que decía: " Buscad lo que basta, y no queráis más. Lo demás es agobio, no alivio. Apesadumbra, no levanta"