Una iniciativa política indigna: el abandono de la legislación penal internacional

Si un Estado antepone sus intereses a corto plazo a la defensa de los derechos humanos cuando son gravemente lesionados es evidente que la dignidad de ese Estado se encuentra muy deteriorada. Y cuando además uno de sus principales portavoces parlamentarios - Alonso se apellida - califica de “quijotescas” las actuaciones realizadas en ese sentido, una especie de escalofrío sacude las conciencias ante tanta insensibilidad. Dicen los internacionalistas que el conflicto diplomático es inherente a las relaciones entre los Estados, por lo que difícilmente podría justificarse la dejación de las responsabilidades éticas exigibles cuando se transgreden los principios básicos en los que se fundamenta el respeto al ser humano, la defensa de la legalidad internacional y la lucha contra el crimen organizado. La posición de un país  en el mundo se mide por su fortaleza económica y social, por su prestigio científico-cultural, por su credibilidad en los foros internacionales, por la calidad de sus gobernantes, por su capacidad para afrontar los conflictos arropado en la Ley y en la solvencia de sus argumentos. Si eso no ocurre, el país queda inevitablemente inmerso en la sumisión a que conduce su propia mediocridad. Más aún, en estos tiempos de mundialización generalizada, es de todo punto reprobable el que la persecución de la delincuencia esté mediatizada por las fronteras. 

En ese proceso de involución galopante que actualmente vive la sociedad española, cualquier ciudadano sensible se estremece al observar la celeridad, precipitación y ausencia dedebate que ha caracterizado al proceso que, al amparo de la mayoría absoluta del partido gobernante y sin el apoyo de ningún otro grupo, ha aprobado la reforma  del Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que España abandona prácticamente sus compromisos internacionales y la posibilidad de intervención de la justicia hacia los crímenes y delitos contra los Derechos Humanos prohibidos por el Derecho Internacional. ¿En qué lugar queda el ser humano agredido en sus derechos cuando es abandonado a su suerte o, peor aún, abandonado por la justicia de su propio país? ¿Qué sentido de la humanidad es ese?

Sorprende que algo así haya salido adelante sin tener en cuenta lo establecido en el Art. 96.1 de la Constitución donde explícitamente se señala que “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. De entrada, puede decirse que, en virtud de las restricciones que comporta la aplicación de ese Derecho, se trata de un acuerdo inconstitucional, adoptado a sabiendas de que no sólo se contraviene la Constitución sino que también su entrada en vigor supondría relegar al pozo del olvido causas que tanto arraigo tienen en la conciencia de los españoles como son los asesinatos de los jesuitas en El Salvador (¿qué pensaría mi admirada Caty Montes si levantase la cabeza?), la matanza en el asalto a la embajada de España en Guatemala, los crímenes cometidos en el Sáhara Occidental o el asesinato del cámara de televisión José Couso, entre otras no menos relevantes.

El rechazo manifestado por el Consejo General de la Abogacía y la Fundación Abogacía Española pone en evidencia hasta qué punto la iniciativa adoptada por el grupo político en el que apoya su gobierno Rajoy Brey, el gobernante permanentemente obsesionado por eludir, tergiversar u ocultar la realidad que le molesta, es una ignominia miserable.