25 de junio de 2013

En torno a la reforma de la Administración española


Partiendo del hecho de que resulta difícilmente cuestionable una reforma de las estructuras administrativas del país, las alarmas surgen cuando se observa el método elegido, el momento en el que se plantea y las estrategias que se pretenden. Si en el caso de la reforma de las pensiones las medidas del gobierno se amparaban en los cálculos de una comisión configurada ad hoc, que fue dada a conocer a bombo y platillo, lo que permitía descubrir tanto la treta del gobierno como la toma en consideración de los lobbys interesados en el pastel, la opacidad ha caracterizado, en cambio,  el proceso de elaboración del análisis efectuado por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), sin que se conozca quiénes la han formado ni se haya dado participación alguna a representantes de las instancias administrativas afectadas (CCAA y municipios), hecho sorprendente ante un tema de tanta trascendencia y de afectaciones múltiples. Todo indica, pues, que es un proyecto elaborado unilateralmente por el gobierno central, esgrimido por Sáenz Santamaría como una obra propia, que trata de capitalizar personalmente, sin consenso alguno y orientado, en función de la discrecionalidad que lo caracteriza, a su aplicación en un marco de posibilidades de aceptación más bien inciertas y seguramente abiertas al conflicto. Aun así, ¿de qué manera han intervenido en ello la presión e incluso la presencia de la troika, ante la que este gobierno se muestra tan solícito?

Las múltiples vertientes e implicaciones que ofrece la readaptación de una estructura administrativa tan compleja como la española difícilmente pueden ser asumidas con perspectivas de eficacia si no se apoyan en un programa asumido previamente como gran acuerdo de Estado y en coherencia con una planificación bien ordenada en la que se evalúe claramente el impacto de las medidas a adoptar, que si en unos casos pueden tender a la eficacia en otros pueden derivar en tensiones muy acusadas, sin que, al final, los resultados alcanzados se aproximen a los pretendidos. En cualquier caso, esgrimir con ostentación y con voluntad de precisión el ahorro que se persigue mientras se omite cualquier alusión a su incidencia negativa en el empleo no deja de ser una maniobra de manipulación informativa tanto por lo que se dice como por lo que se oculta. 

Por otro lado, no es causal que la difusión de la noticia y la mercadotecnia que la acompaña vean la luz a los pocos días del famoso pacto entre Rajoy Brey y Pérez Rubalcaba. Firmado el acuerdo, he ahí la reforma de la administración. De ahí las preguntas: ¿Conocía el líder socialista lo que se estaba cociendo al respecto? ¿Estaba informado de ello antes de sentarse con el presidente del gobierno para firmar sus avenencias? ¿Hasta dónde va a llegar la voluntad del acuerdo entre ambas formaciones, con el riesgo de que la situada en la oposición vea dificultada su capacidad de maniobra para adquirir la entidad de una verdadera alternativa y no limitarse a una posición subsidiaria en sus relaciones con un gobierno que está dejando a la sociedad española en una situación terrible y que ahora amenaza con recomponer el Estado manteniendo incólumes aquellas estructuras que garantizan y aseguran la fortaleza de su estrategia clientelar? Cuidado con los abrazos del oso que, a la postre, acaba devorando a sus víctimas.

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