He leído con detalle, mientras disfruto en el campo de esta tarde brumosa y anticipatoria de un cambio en el tipo de tiempo, del acuerdo suscrito por el PSOE y el Partido Popular para poner fin a la situación de bloqueo impuesta por éste a la renovación del CGPJ y considero que se trata de una solución correcta y plausible. Lo que sorprende es que una salida tan equilibrada y razonable se haya postergado durante casi seis años. Y no es menos desconcertante que se haya llegado a esta solución tras el ultimátum formulado por el Presidente del Gobierno y con la mediación, tras infinitos mareos de perdiz, de la Unión Europea.
De todos modos, bienvenida sea la salida adoptada, más allá de las coincidencias que desde el punto de vista critico han surgido por parte de las posiciones extremas del arco parlamentario, de la que sin rubor han participado también - y en esta ocasión, por fortuna, marginales - algunos personajes recalcitrantes del PP. Y no es porque la posición de centro y de equilibrio haya prevalecido, sino porque el acuerdo adoptado, si se analiza con detenimiento, se inscribe dentro de las coordenadas del sentido común inherente a los grandes pactos de Estado que tanto convienen a España.
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