Imágenes para el desconsuelo, la rabia y la decepción: el caso de Baltasar Garzón Real

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Cuatro imágenes han invadido hoy la pantalla en cuestión de minutos. Encadenadas en el tiempo, poseen entidad propia, la que las aporta el hecho de gravitar en torno al mismo suceso.

Veo a Don Baltasar Garzón Real descender (¿para siempre?) las escaleras de la Audiencia Nacional. Hace tiempo que no se le ve subir como antes: de un tiempo a esta parte solo baja, rápidamente, mirando al suelo. Hoy iba deprisa, a punto estaba de entrar en el automóvil, pero se ha detenido y ha vuelto sobre sus pasos para saludar a quienes le vitoreaban, muchos de ellos compungidos, dolidos, indignados. Eran compañeros, amigos, ciudadanos de a pie, llenos de rabia contra la indecencia que nos ha llevado a esto. Se sentían a su lado tras conocer la decisión del Consejo de Poder Judicial de suspenderle de sus funciones al haber sido instado al juicio oral por Luciano Varela, ese juez que pasará, como otro más de la turba, a engrosar la historia de la infamia y de las miserias que se amparan en el resentimiento y en prácticas que asombran por su ostensible tendenciosidad.

Veo a Doña Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, hablar con la mirada sumergida en el papel para destacar la pulcritud, la honorabilidad sin mácula, de la justicia española. Insistentemente, de corrido, reitera los mismos argumentos, una y otra vez. Con un tono monocorde da la impresión de que el guión está muy marcado y teme salirse de él. No hay preguntas, ni réplicas, ni aclaraciones. Es la voz de la institución encargada de salvar la cara de la institución, pero nadie puede intervenir para despejar dudas, matizar aspectos, plantear incógnitas y sospechas que los ciudadanos advierten sin poder explicarse porqué se actúa de ese modo.

Veo a Don Miguel Bernard, jefe de una banda autollamada Manos Limpias (nombre obscenamente plagiado del proceso llevado a cabo por el juez Antonio di Pietro en Italia a comienzos de los noventa), ideológicamente afín a las abyecciones del franquismo y sin más credenciales que las de su afán por evitar a toda costa que la imagen de la dictadura y de los delincuentes que la sustentaron quede relegada al lugar que corresponde a los regímenes criminales que en el mundo han sido. Eufórico se muestra el siniestro personaje, que alaba las cualidades de Varela y enaltece la forma de hacer justicia que Bravo acredita sin levantar la vista. No hay recato en sus palabras, sólo la arrogancia de la impunidad frente al delito. “Lo hemos conseguido”, proclamó el otro día sin otro eco que el que le procuraban sus conmilitones y quienes les jalean porque les interesa en su afán obsesivo de venganza contra Garzón.

Veo, en fin, a Doña Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno de España, hablar de la necesidad de “respetar” las resoluciones judiciales. Está en su papel y seguramente no puede hacer otra cosa que recurrir a la frase hecha. Y es que la idea de “respeto” a lo que sentencian los jueces se ha convertido en un tópico manido, al que se recurre como un latiguillo, quizá pronunciado sin sentido, mecánicamente pero con una carga de respaldo que convendría empezar a cuestionar. Cuando algo se respeta es porque merece ser respetado. pues sin duda hay jueces respetables, que dignifican la justicia. Si, en cambio, en ocasiones ésta adolece de las anomalías y deficiencias que cualquiera percibe, y que los expertos han puesto escandalosamente en evidencia (gracias, Don Carlos Jimenez Villarejo; gracias, Don José Antonio Martín Pallín) no hay respeto ni consideración que valga. Nadie está exento de la crítica y menos un poder - el judicial - que no pocos casos ha demostrado perversiones y resoluciones espurias que no pueden dejar de ser denunciadas. ¿Desde cuándo el ciudadano, indignado y ofendido por la forma de hacer justicia, debe permanecer en el silencio, en el consentimiento acrítico?

Vivir para ver. Sucesión de imágenes en un dia aciago que ponen al descubierto las miserias que aún anidan en la realidad española. Imágenes que aumentan y agravan la dimensión de las palabras que recogen. Veo lo que sucede en torno a Garzón casi de forma simultánea y el ánimo se encoge, mientras la voz y la pluma exclaman el lamento por un país, por una sociedad, por una justicia y por una memoria dignos de mejor suerte.

Manifestación a favor de Don Baltasar Garzón Real en Valladolid. 24 de abril de 2010

Una pregunta: ¿Qué pasará a partir de ahora?

Me permito sugerir una hipótesis. Llegará el juicio oral, muy mediatizado por una instrucción viciada, con graves síntomas de parcialidad por parte del juez instructor. Nunca ha habido unanimidad en el Supremo - varios votos particulares así lo avalan - en relación con la causa abierta a Garzón, por lo que los jueces responsables del enjuiciamiento no pueden remitirse sólo al principio de prevaricación esgrimido por Varela sino al de opinabilidad de la competencia de Don Baltasar para enjuiciar los crímenes de la dictadura. En ese caso, el sesgo que ha dado Varela, que a su vez asesoró a los querellantes para que corrigieran sus alegaciones, puede verse afectado.

Pero, hay más. En el juicio oral, el fiscal, que se opone a la causa, actuará más bien como defensor, ya que, aunque la Fiscalía cuestionó la competencia de Garzón para investigar los crímenes franquistas, nunca el ministerio público ha secundado las acusaciones de prevaricación. Todo quedará limitado a la acusación particular de la banda de Bernard y sus secuaces, y es muy dificil o improbable que, sin acusación fiscal, pueda haber condena por prevaricación. El mal está hecho pero las huestes que han bramado contra Garzón, amparándose en una instrucción repleta de irregularidades y defectos de forma e interpretación (como la que esgrimió Varela hablando de "imaginación creativa" de Garzón o el sentido erróneo que dio a la Ley de Amnistia del 77) y quienes en el Consejo del Poder Judicial han actuado como hienas contra él pueden quedar una vez más en evidencia.

En un principio, y tras consultar a colegas expertos, pensé que, al fin, el caso será sobreseido y Garzón volvería a la Audiencia Nacional. 

Pero lamentablemente no ha sido así. El 8 de febrero de 2012 el juez Garzón Real fue condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas que trataban de descubrir la trama de ponzoña y corrupción construida en torno al caso Gürtel, y que afecta de lleno al Partido Popular, gobernante en el país por mayoría absoluta tras las elecciones de noviembre del año anterior. De momento sólo Garzón, el juez que puso al descubierto toda esa inmundicia política ha pagado con su carrera en esa urdimbre de miseria incalculable. Los cabecillas, sus muñidores y la tropa que los secunda sigue campando por sus respetos en la vida española.