Nadie echa ya a nadie de España. Cualquier ciudadano puede decidir dónde organizar su vida libremente, en el país o en el extranjero. España ya no es país donde la gente tenga que partir a la fuerza, pues a todos ampara el Estado de Derecho. Por tanto, la aplicación de la ley con todas sus consecuencias y procedimientos, desde la acusación a la defensa, ha de imperar por encima de cualquier otra consideración y por encima de la decisión individual de poner pies en polvorosa para eludir la resolución del problema que le afecta, acentuando así perceptivamente la sensación de culpabilidad, a falta de quedar demostrada.
Es la tesitura en que se encuentra el monarca que gobernó la transición a la democracia y abdicó hace seis años. Compartiendo plenamente la opinión de quienes le reconocen grandes servicios al país, creo que la actitud más digna y valiente consiste en no eludir sus responsabilidades cuando pintan bastos.
La cuestión, en el fondo, es bien sencilla. Aplicación de la norma, de la mano de la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Supremo y de la Agencia Tributaria, y clarificación de lo cometido, sobre la base de la contundencia que las pruebas aporten. El Estado de Derecho, el Estado que él gobernó, dirá la última palabra, sin menoscabo de los recursos que puedan alegarse hasta la sentencia final. Marcharse del país nadie se lo pide. Se acabaron los exilios en España. Y hasta es probable que, a la postre, si valientemente da la cara, la Historia le absolverá.
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