Ineptitud para la representación institucional

 

La calidad de un político se valora en función de la dignidad y la honestidad que impregnan las responsabilidades que ostenta. Cuanto mayor es el rango institucional alcanzado mayor debe ser el rigor aplicado a sus actuaciones y declaraciones. Entender la otra política de otra manera incurre en la obscenidad. El caso que se trae a colación lo refleja claramente.

Laura Borrás, presidenta del Parlament de Catalunya, fue, por lo visto, persona profesionalmente versada en el mundo de las letras habladas y escritas. Ignorando su solvencia en ese terreno, sólo se la conoce por su trayectoria en la corriente ultranacionalista en la que se halla incurso un sector de los catalanes y en la que ha logrado posiciones destacadas, para las que nunca se han requerido grandes dotes morales e intelectuales. Es probable, por tanto, que su singladura política solo venga avalada por su disposición a las posturas proclives al racismo (como ha resaltado Najat El Hachmi) y al sectarismo, toda vez que en el desempeño de su tarea como representante máximo del órgano representativo del pueblo catalán da muestra de un sesgo reaccionario y excluyente impropio de la institución y seguramente insólito en el panorama del parlamentarismo en sociedades multilingües.

No es la torpeza el rasgo que la define sino, peor aún, la bajeza moral que - negándose a contestar preguntas en castellano en el ámbito parlamentario - implica el desprecio a la función representativa que debe ejercer, para la que se le ha elegido y por la que es generosamente retribuida. Demuestra con ello que el cargo le viene grande y desborda sus capacidades como responsable público en el panorama político catalán. Su forma de actuar significa, en suma, un lastre y un descrédito sin paliativos para la institución que preside.

Y sorprende que eso ocurra si se tiene en cuenta la riqueza que aporta la convivencia de lenguas en una sociedad plural y culturalmente diversificada. La cooficialidad en la utilización de castellano y catalán que la Constitución y el Estatuto de Autonomía reconocen y apoyan es la mejor garantía de vitalidad y prestigio en la que amparar un proyecto político reconocido a todas las escalas, como siempre ha sido Cataluña. Por eso, cuando se ignora o menosprecia a un sector socialmente clave en ese entramado de relaciones, se tiende a la regresión y al empobrecimiento. El que eso se haga desde la autoridad parlamentaria es otro de los síntomas de la profunda degradación a que conducen los nacionalismos reaccionarios y retrógrados.