Aunque soy consciente de que se trata de una cuestión polémica y controvertida, la conversación mantenida hace unos días con un agricultor de Alaejos (Valladolid) sobre los beneficios y perjuicios que la pertenencia de España a la Unión Europea ha traído consigo para el sector agrario me ha llevado a elaborar esta nota, con la intención de puntualizar un tema que conviene dejar claro en sus justos términos.
Me resisto a asumir el discurso populista, demagógicamente propalado por el partido VOX, que presenta a la Unión Europea como el verdugo implacable del sector agrario español. La realidad contable señala que la Política Agraria Común (PAC) ha sido la mayor aportación nunca llevada a cabo en la España rural. Desde nuestro ingreso en 1986, el campo español ha recibido globalmente en los diferentes epígrafes en los que se desglosan las ayudas en torno a los 270.000 millones de euros procedentes de Bruselas. En el periodo 2021-2027 está prevista una dotación de 47.724 millones de euros. En este contexto conviene llamar la atención sobre el apoyo a las rentas agrarias mediante las ayudas directas destinadas a proporcionar ingresos complementarios a agricultores y ganaderos, con el fin de reducir el impacto de factores como la volatilidad de los precios, las sequías o el aumento de los costes de producción. En la campaña 2023 se concedieron 4.833 millones de euros en ayudas directas.
Estas cantidades no se corresponden con un mero subsidio de subsistencia, sino con un sistema progresivamente adaptado a la mejora en la distribución de las ayudas y con un potente brazo financiero que ha ayudado a la reconversión tecnológica (mecanización) y la viabilidad de decenas de miles de explotaciones, lo que se ha traducido en una agricultura y una ganadería españolas que nunca habían dominado y estado presentes en calidad y cantidad en tantos mercados.
En 1986, año de ingreso en el mercado integrado, las exportaciones agroalimentarias de España apenas alcanzaban los 4.000 millones de euros. En la actualidad (2024) han superado los 78.000 millones de euros de facturación exterior. Ni actualizando precios hay paralelismo. Tan solo en el último año registrado (2024), más de 580.000 agricultores y ganaderos se beneficiaron directamente de las ayudas de la PAC, garantizando un suelo de rentas sin el cual parte de nuestros pueblos serían hoy un desierto demográfico. Así que la próxima vez que alguien en una tertulia sugiera que Europa destruye nuestro campo, recuérdenle que, sin la financiación de la PAC, probablemente tendríamos serias dificultades para sostener nuestra soberanía alimentaria y comercial. Dejo para otra ocasión las implicaciones del acuerdo comercial suscrito con MERCOSUR, pendiente de información de la que aún no dispongo.
Simultáneamente España ha sido, en términos absolutos, el mayor beneficiario histórico de la política regional europea. Entre 1989 y 2023, ingresamos 267.000 millones de euros en fondos estructurales y de cohesión. Para comprender la magnitud de este flujo de caja, basta decir que España ha recibido de la Unión Europea más dinero en términos relativos del que supuso todo el Plan Marshall para el conjunto del continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial.
Todo es discutible, por supuesto, pero los datos son los que son. No se me oculta el fenómeno del debilitamiento poblacional de los espacios rurales, una tendencia más compleja de lo que parece y que de momento dejo meramente insinuada.
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