¿Está la justicia preparada para luchar contra la corrupción política?

Todos somos conscientes de lo que significa un Estado de Derecho. Es aquel en el que prima la ley frente al delito y en el que los mecanismos de representación democrática garantizan la transparencia de la gestión pública y sancionan a quienes transgreden las normas que permiten al ciudadano sentirse amparado frente a la arbitrariedad, el uso de la fuerza y la corrupción. Todo un sistema normativo y de recursos humanos y materiales está orientado al cumplimiento de esta finalidad, lo que en principio debiera aportar confianza y seguridad a los que se atienen a lo que marca la ley y nunca pretenden vulnerarla. Hay muchísimos jueces que se esfuerzan día a día por sacar adelante sus juzgados y merecen ser aplaudidos porque, con su esfuerzo, mantienen el Estado de Derecho y penalizan la burla de la ley.

Sin embargo, la experiencia revela que no siempre es así. Hay un espacio que se resiste a ser afectado por los mecanismos jurídicos cuando éstos manifiestan la voluntad de poner término a sus irregularidades aplicando los instrumentos de que el Estado se dota para ello. Es el ámbito de la política o, mejor dicho, de quienes la ejercen para aprovecharse de ella. Un impresionante muro de autoprotección se yergue en defensa de la pretendida impunidad amenazada. La reacción es instantánea, automática: no hay delito, sino inocencia y pulcritud, la honestidad está demostrada, todo es una confabulación y una patraña para perjudicar a la opción política que se encuentra en el punto de mira de la justicia. Llegan a hablar hasta de una “causa general”, como si de un juicio universal, implacable e injustificado se tratase.

Ocurrió en España en los años en que el Partido Socialista arrojaba un panorama desolador de malas prácticas en el ejercicio del poder y ocurre ahora cuando el Partido Popular es objeto de una instrucción y de la aplicación de medidas preventivas frente a algunos de sus miembros y aliados cuando los informes policiales señalan que hay riesgo de fuga y que hay que actuar sin más dilación. En uno y otro caso, una alta cota de protagonismo correspondió al mismo juez, Don Baltasar Garzón Real. Ha pasado de héroe a villano en un pis pas, a medida que sus diligencias se decantaban en un sentido u otro. Alabado por unos cuando atacaba a los otros, ahora las tornas cambian y la arremetida por parte del bando afectado no admite concesiones. La misma historia se repite. Los argumentos siempre son los mismos: afán de protagonismo, obsesión por figurar, ligereza en el procedimiento, chapucería técnica y prevaricación posible. Todas las maldades y torpezas del mundo se concitan en torno a este juez, mientras se difumina la magnitud del delito que persigue y todo queda reducido a un simple ajuste de cuentas, producto del resentimiento y de la vanidad enfermiza. "A ese tipo había que mandarlo al Caribe", llegó a decir hace unos días en Telemadrid Joaquin Leguina. De lo que dicen los corifeos del PP, se lo pueden imaginar: no hay en España nadie tan miserable. "Cosas veredes, que non crederes", que dijo El Quijote a Sancho.

Garzón puede ser muy torpe y de un protagonismo desmesurado, pero no cabe duda de que la justicia española e internacional tienen una deuda con él. Sin entrar en sus intervenciones respecto a los grandes partidos políticos españoles, bastaría recordar que el descabezamiento de ETA, de sus huestes y propaganda no se entienden sin su firmeza en este asunto, que en la lucha contra el narcotráfico gallego su papel ha sido clave y que el procesamiento iniciado contra Pinochet Ugarte dejó maltrecha para siempre la imagen del indecente dictador chileno, al igual que ha sucedido con militares argentinos de la misma ralea. Entre otras muchas cosas.

Y, volviendo a la lucha contra la corrupción política en España, ¿de cuántos jueces podemos hablar en España dispuestos a afrontar con la suficiente firmeza los escándalos que minan los cimientos de la democracia cuando vemos pasearse arrogantes e impúdicos a los múltiples Fabras de turno, que siguen haciendo de su capa un sayo mientras los magistrados y fiscales miran para otro lado o piden el traslado para eludir sus responsabilidades?. ¿No será que, pese a sus múltiples defectos, que sin duda los tiene, la acción de Garzón es de las pocas a las que el ciudadano honesto puede remitirse para seguir confiando en la justicia y evitar pensar que, como decía el antiguo alcalde Jerez, Pedro Pacheco, es un puro cachondeo?