Desregulación: un concepto de riesgo e inseguridad

 

Artículo publicado en El Norte de Castilla 

Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León

Llama la atención que en un organigrama de Gobierno una de las responsabilidades más relevantes esté encabezada por la competencia llamada de “Desregulación”, un término que imprime carácter, y con decidida posición de fuerza decisional, a las Vicepresidencias de los Gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Por su propia denominación no se trata de una competencia sectorial sino de una atribución de significado genérico, susceptible de impregnar el enfoque aplicado a las responsabilidades específicas en el resto de las Consejerías, lo que confiere a dicho concepto, entendido como ideología y como estrategia global e integradora, una importancia decisiva en la acción de gobierno.

            Por esa razón, pertinente y necesario resulta el debate sobre lo que ese planteamiento puede representar teniendo en cuenta la experiencia acumulada sobre los efectos derivados de las iniciativas desreguladoras llevadas a cabo en la historia reciente. Las aportaciones efectuadas en este sentido se decantan a favor de interpretaciones ambivalentes que al tiempo que aluden a sus efectos positivos no son indiferentes a la importancia de aquellos que, por el contrario, propenden a la aparición de tendencias generadoras de situaciones de riesgo, exclusión e inseguridad. Por lo general, los argumentos a favor de la desregulación abundan en la idea de que la supresión de determinadas obligaciones y cautelas contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas y a generar dinámicas de crecimiento capaces de asegurar un empleo óptimo de los factores de producción. Se trata de una opción eminentemente centrada en la necesidad de hacer frente a los desafíos impuestos por la globalización y la consecuente internacionalización de los mercados.

      Ahora bien, si estas mejoras en el nivel de competitividad empresarial son esgrimidas como la principal justificación del proceso desregulador, la experiencia demuestra que en el funcionamiento de la economía las secuelas dejadas no siempre se han correspondido  con ese esquema lineal pues a menudo se muestran acompañadas de efectos claramente regresivos y traumáticos, tanto económica como socialmente. Por más que pase el tiempo – y sin perder de vista las causas que dieron origen al fatídico crac de 1929 - siempre pervivirán en la memoria la responsabilidad que la desregulación y la consecuente liberalización financiera y la falta de supervisión - no olvidemos lo que supusieron las hipotecas “subprime” en el contexto de la burbuja inmobiliaria y la crisis del mercado interbancario - tuvieron en el desencadenamiento del colapso que estalló en 2008 ocasionando uno de los mayores traumatismos en la economía internacional y, obviamente también, en España.

A raíz de esas constataciones traumáticas, han aflorado con fuerza los análisis que ponen énfasis en la idea de que una liberalización del mercado no implica la eliminación de los instrumentos reguladores cuando se comprueba que, bien gestionados, pueden favorecer la competencia y su correcto funcionamiento sin merma de la capacidad competitiva de las empresas. En este sentido resultan aleccionadoras las ideas recogidas en una obra de referencia - The European Social Charter and the Employment Relation (2019) - en la que se demuestra con evidencias empíricas que los derechos sociales no son un impedimento para la competitividad como lo revelan aquellos países en los que los aumentos de los niveles de gasto social lejos de obstaculizar el crecimiento económico alcanzan un mayor crecimiento per cápita y una mayor competitividad. 

Se trata, en esencia, de incorporar mecanismos de mejora de la regulación – la “regulación inteligente”, bien analizada por Holmes y Sunstein (2011) - como soporte esencial de políticas públicas innovadoras y de buena gobernanza en las que la eficiencia y la equidad se encuentren garantizadas. Autores de la solvencia de Antón Costas, Eduardo García de Enterría, Joseph Stiglitz o Mariana Mazzucato han dejado constancia muy sólida de la utilidad de este enfoque, que, en esencia, insiste en la necesidad de fundamentar la toma de decisiones mediante el empleo de procedimientos regulados que permitan una selección adecuada de las opciones a seguir perfeccionando para ello los métodos de evaluación - dotados como están de una metodología rigurosa- que lleven a los gestores públicos a una cuantificación de costes y beneficios de la que dar cuenta a la ciudadanía con el fin de que perciba la utilización de los recursos y el impacto social, económico y territorial generado.

      Desde estos argumentos aportados por la experiencia y la práctica política cabe plantear de qué manera pueden acusar una sociedad y un territorio los efectos derivados de una política que asigna a la desregulación, sin garantías de evaluación rigurosa, una importancia clave en la estructura del sistema decisional cuando ese concepto va a asociado de forma mimética en las regiones señaladas, e identificado como un calco con destino a la cuota de responsabilidad asignada al partido Vox, al ejercicio de las funciones relacionadas con los Servicios Sociales y la Familia.   

Y es que si por desregulación, tan enfáticamente defendida por el partido que la impone como requisito para la investidura, no puede entenderse otra forma de acción política que no esté encaminada a la aplicación de recortes, ajustes a la baja o debilitamiento de los mecanismos de cohesión social y de protección ambiental, no es aventurado llegar a la conclusión de que la relevancia otorgada a esta estrategia en la acción de gobierno – y de ahí la necesidad de las advertencias - puede llegar a suponer, si no se apoya en una metodología de evaluación fiable, afectaciones serias y preocupantes, dada la amplitud y discrecionalidad de perspectivas de aplicación que ofrece, para la preservación y defensa de la función integradora de los servicios públicos y para la propia articulación de una sociedad compleja y propensa a la génesis de situaciones de riesgo de exclusión y desigualdad que deben ser necesariamente corregidas.