Ante un escenario de desigualdad creciente y de incumplimiento de los compromisos solidarios todas las voces son necesarias

La lucha por la solidaridad no sólo debe referirse a las  actuaciones que se muestran sensibles con los problemas y las dificultades que afectan a los millones de personas sumidas en el subdesarrollo. Por lo común las posturas planteadas con tal fin se decantan primordialmente y de manera justificada a favor de las situaciones derivadas de la miseria, la desigualdad y la injusticia en los escenarios más críticos de la Tierra. Sin embargo, la mirada en esa dirección no debe impedir centrarla también en aquellos otros que nos son más cercanos, que coexisten con nosotros en la cotidianeidad de nuestro entorno, que tenemos incluso al alcance mismo de la mano. Y es que cuando nos aproximamos al conocimiento de las dimensiones que alcanza la desigualdad en los países que consideramos avanzados, los datos acusan sin paliativos la magnitud de la brecha que separa a los ricos de los pobres.

Número de veces que la renta media del 10% de la población más rica supera la renta media del 10% de la población más pobre. Fuente: OCDE (2011)

Basta echar un vistazo a los datos publicados por la OCDE para percatarse de hasta qué punto la dualidad social marca de forma indeleble el panorama social a través de una información suficientemente expresiva como para inducir a profundizar en ella y conocer de cerca, sin tapujos, cómo se manifiesta en la vida de los ciudadanos y en el despliegue o frustración de sus oportunidades en un panorama que en modo alguno debe ser simplificado o ignorado

Claramente por encima de la media figuran países que ocupan una posición destacada en el ranking del desarrollo. He ahí, bien identificados, los nombres de Australia, de Japón, de Canadá, de Italia, del Reino Unido, de Israel, de Estados Unidos y de Chile, uno de los Estados socio-económicamente más contrastados del mundo. En ese grupo figura también España, donde, para precisar la dimensión del problema, la renta media del 10% de la población es casi doce veces superior a la renta media del 10% de la población más pobre.

Ahora bien,  más allá de los datos generales, y centrados en el caso de España, resulta pertinente una llamada de atención sobre los riesgos que amenazan el mantenimiento de los derechos esenciales de la población, entre los que la sanidad y la educación ocupan una posición preeminente. Mientras asistimos al lamentable espectáculo que los sitúa en una pendiente regresiva a medida que los recortes aplicados en los presupuestos del Estado no hacen sino deteriorar lo conseguido en ambos servicios básicos – sobre todo, cuando se comprueba que la reducción del 83 % del presupuesto afecta al gasto público directo, con particular incidencia en la política social, y la reducción de las ayudas en cooperación al desarrollo disminuyen en un 72 % - , no está de más recordar el flagrante incumplimiento de compromisos internacionalmente asumidos que ello representa.

Conviene recordar que España suscribió en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el que el Estado se comprometía a preservar y defender los indicadores que reflejaban una atención expresa a favor de los derechos que dignifican a la persona y aseguran unos estándares esenciales de bienestar. La comprobación de que las medidas de mutilación presupuestaria adoptadas por el Gobierno en estos capítulos pueden ocasionar un efecto traumático sobre la sociedad, y en especial sobre sus sectores más vulnerables, ha motivado la denuncia presentada por varias ONG ante el Comitéde Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, alegando que el país incumple compromisos internacionales debido a la adopción de medidas “que derogan garantías legales de los derechos sociales” y ante la constatación de que las políticas que se están impulsando, como la reforma laboral, la reforma sanitaria y la reforma educativa empeoran la situación de los grupos sociales vulnerables.

En cualquier caso, nos encontramos ante una transgresión flagrante de los principios inherentes a la solidaridad que, por lo que se ve, es un valor en crisis, gravemente amenazado en todo el mundo y cuya defensa requiere voces enérgicas y contundentes en todo tipo de foros y espacios de relación.