Sede del gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol (26, junio, 2011)
Cuando el poder
legítimo se aprovecha para ceder el poder de facto a los que ilegítimamente abusan de él
y lo manipulan a su antojo en función estrictamente de sus intereses, ese poder es cómplice de las perversiones que de
tal modo se generan. La Comunidad de Madrid se erige en el paradigma del poder al servicio de los intereses que acaban integrándolo en sus
tramas más insaciables y adversas al bien común. Ha acabado convirtiéndose en
un poder degradado, venal, sumiso y, a la postre, tolerante con las malas
prácticas a que da lugar.
Utilizando "argumentos de
chatarra" (como bien los ha calificado Manuel Rivas), permite que algunos
de sus representantes se burlen en el Parlamento de la trascendencia de los temas que tratan,
sin que ello implique ningún tipo de admonición. Ahí continúan amarrados a la sombra de su escaño. Muestran indiferencia ante la privatización de una parte
significativa de la sanidad pública ocultando las cifras que revelan los beneficios aparentes de tal medida, coherente con un proceso que no solo
deteriorará la calidad de ese servicio esencial sino que al tiempo supeditará
al gobierno regional a la espiral de reclamaciones que, al igual que ha
sucedido con las autopistas, serán planteadas por sus concesionarios para
satisfacer, a costa del presupuesto público, su cuenta de beneficios sin que
ello redunda a favor de la mejora asistencial, cada vez más excluyente e insolidaria. Y
es que, aplicada la concesión administrativa
a servicios esenciales como la sanidad, termina por ser una catástrofe para las arcas
públicas, porque el contrato concesional obliga, por ley, al reequilibrio
económico-financiero de la empresa prestadora del servicio cuando éste no sea
rentable. La fórmula PFI (Private Finance
Iniciative) empleada en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid resulta
tanto más perjudicial para la Administración pública, porque obliga a ésta a
pagar un canon anual revisable. De ahí el riesgo (no sólo moral) de que el ente
público concedente y titular del servicio pierda el dominio del mismo en favor
de la empresa concesionaria, al revés de lo que debería ser en toda
contratación pública. Lo sucedido en el Hospital valenciano de Manises es buena prueba de ello. No tardaremos en verlo en la Comunidad de Madrid. De ahí la importancia de fortalecer la Sanidad Pública mediante argumentos tan consistentes como los que avalan "la reforma del Sistema Nacional de Salud para que no sufra una deslegitimación social porogresiva".
Y de forma simultánea, el gobierno
madrileño, con apoyo del del Estado, se ha doblegado sin pudor a las pretensiones de la mafia internacional
del juego en uno de los ejemplos más humillantes observados en el
comportamiento de la administración pública española. No tardando mucho veremos
los efectos del desastre ocasionado por Ignacio González, el responsable del
gobierno regional, artífice de decisiones políticamente antisociales, que
quien le lanzó a un cargo que le va tan grande como la presidencia de la
Comunidad de Madrid no se atrevió a adoptar porque, a última hora, prefirió
endosárselas a su valido.
Lo que está sucediendo en la comunidad de Madrid, como avanzadilla de lo que quieren instaurar en el resto de España, no es ni más ni menos que la consecuencia lógica de permitir a los poderes financieros campar a sus anchas derribándoles todos los obstáculos.
ResponderEliminarCuriosamente son los mismos poderes que nos han sumido en el agujero actual. Pero al fin y al cabo la culpa no es suya, ellos tienen como objetivo único ganar dinero, cueste lo que cueste, y son los políticos, los que deben decidir y garantizar donde acaba el derecho del empresario a ganar dinero y empiezan los derechos de los ciudadanos.