La Ley de la Dependencia en España….. ¿como la falsa moneda?

La atención y el cuidado a las personas dependientes constituyen el cuarto pilar del Estado de Bienestar, junto a los servicios educativos, la sanidad y las pensiones a los jubilados. Su importancia, pues, es incuestionable a la par que creciente, habida cuenta de que el número de usuarios aumenta y se impone la necesidad de mitigar los altísimos costes personales y económicos que derivan de la asistencia a quienes se encuentran impedidos para valerse por sí mismos.

Más de dos años han transcurrido desde que a finales de 2006 se puso en marcha en España la llamada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, una gran iniciativa del Gobierno socialista. de las que mejor identificaron el alcance del primer mandato de Don José Luis Rodriguez Zapatero. Promovida por el entonces ministro de Trabajo, Don Jesús Caldera, cuya salida del Gobierno siempre me pareció desacertada, la aplicación de una Ley tan ansiada como necesaria ha tenido más sombras que luces. Aquejada de limitaciones financieras evidentes, ha tropezado también con la inoperancia de las Comunidades autónomas, especialmente de algunas gobernadas por el partido de la oposición, que incomprensiblemente la han utilizado más como arma contra el gobierno que como instrumento al servicio de unos ciudadanos, que la reclaman con insistencia frente a situaciones que con frecuencia rozan lo dramático.

No es tampoco marginal la razón que explica estas limitaciones en virtud de un modelo de gestión caracterizado por los bandazos en la responsabilidad encargada del desarrollo de la Ley. Asignada inicialmente al Ministerio de Trabajo, pasó después a formar parte, sin una justificación clara y menos aún convincente, de las competencias otorgadas al Ministerio de Educación, culminando finalmente con su traspaso al Ministerio de Sanidad en la última remodelación del Gobierno. Un baile de atribuciones que sólo ha traido confusión y ralentización de un proceso, que debiera haber sido mucho más ágil y efectivo. Parece que nos encontráramos ante esa falsa moneda, “que de mano en mano va, y ninguno se la queda”, parafraseando aquella copla desgarrada de hace muchísimos años.

Creo que se ha actuado con demasiada frivolidad en un asunto de tanta trascendencia. Las variaciones estratégicas acometidas al respecto por el Sr. Rodríguez Zapatero no han estado a la altura de las circunstancias, lo que resulta lamentable si se considera la ilusión con que fue recibida la ley y las esperanzas que tantos españoles pusieron, y siguen poniendo, en ella. No se puede experimentar al albur con algo así. A la postre, y de momento, será el Ministerio de Sanidad el que tome las riendas del tema, una vez encomendada la tarea a Doña Trinidad Jiménez, nueva ministra del ramo. Deseémosle toda la suerte del mundo, acompañada de un voto de confianza y, por supuesto, del beneficio de la duda. Pero qué quieren que les diga. No las tengo todas conmigo.

Salvo el papel clave que, al parecer, tuvo Jiménez en la promoción política del Sr. Rodríguez Zapatero, del resto de su gestión pública poco reseñable cabe destacar. Ni como fugaz concejala y portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ni como Secretaria de Estado para Iberoamérica el balance ofrecido es como para tirar cohetes. Por razones de coherencia y eficacia, sigo pensando que el desarrollo de la Ley de la Dependencia debiera haber sido acometido desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y desde su promulgación, por quien la promovió, es decir, Don Jesús Caldera y Sánchez-Capitán, retirado del Gobierno y sumido en un ámbito de responsabilidad del que apenas se sabe nada y, desde luego, muy por debajo de sus capacidades, como ya he señalado varias veces en este blog. “Raisons de la politique”, que diría el general Charles De Gaulle.

Imagen: Ancianos tomando el sol en Toro (Zamora)