La protección jurídica de los derechos humanos no admite fronteras

Vivimos en un mundo globalizado e interdependiente, para lo bueno y para lo malo. Nada de lo que sucede en el mundo de cierta relevancia escapa a nuestro conocimiento y nos permite asegurar la convicción de que ni estamos solos ni los problemas del mundo nos son indiferentes. En él se cometen muchas injusticias, tremendas agresiones a la dignidad de las personas, abominables ejemplos de violencia, maltrato y discriminación. Nunca debieran quedar impunes, porque de la impunidad con que puedan ser tratados depende el hecho de que la perversión de quienes los cometen no deje de acrecentarse. Si no pasa nada ante la barbarie, el precedente que se crea es gravísimo al abrirse camino la idea de que se haga lo que se haga contra los derechos humanos acaba siendo tolerado y consentido.

Con este fin se creó en 1998 la Corte Penal Internacional, concebida para perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho Internacional. A ella obedecen los procesos incoados en relación con los genocidios cometidos en Yugoslavia, Ruanda o Camboya, así como la orden de arresto emitida contra el presidente sudanés, Omar el Bechir, por su responsabilidad en la catástrofe humana de Darfur. Sin embargo, las actuaciones de la Corte están condicionadas por la circunstancia de que su labor solamente funciona cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal, sin olvidar tampoco que su Estatuto no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel. Huelgan más comentarios. 

¿Cómo afrontar entonces los delitos que se cometen contra la dignidad de las personas si su procesamiento esta dificultado por los límites que mediatizan la capacidad de iniciativa de la CPI?. Surge en ese contexto la necesidad de respaldar el ejercicio del Derecho a partir de las actuaciones acometidas por los jueces que, competentes para ello, deciden asumir las denuncias presentadas por quienes, victimas de agresiones, violencia y muerte, se sienten desamparados. Si admitimos que la aplicación internacional de los principios del Derecho desborda las fronteras nacionales, un reconocimiento muy sincero ha de darse a la labor de los magistrados de la Audiencia Nacional Española, que están dignificando la acción de la justicia al asumir la defensa de causas nobles, que no pueden quedar en el olvido.

Reconozcamos, pues, el coraje y la dignidad profesional de Baltasar Garzón cuando decide investigar las torturas realizadas en el infierno de Guantánamo, de Santiago Pedraz en relación con el asesinato del periodista José Couso, el genocidio de Guatemala o la brutal represión cometida por China en Tibet, de Ismael Moreno, dispuesto a llegar hasta el fondo en el tema de los vuelos clandestinos de la CIA, de Eloy Velasco ante los asesinatos de los jesuitas en El Salvador o de Fernando Andreu, que con gran sentido profesional ha decidido defender la causa de los palestinos masacrados en Gaza a raiz del bombardeo efectuado por Israel en 2002.

Tarea titánica la de Andreu que ha de hacer frente a las presiones de la fiscalía que , obligándole a cerrar el caso, trata de paralizar a la justicia española con argumentos que ocultan la gravedad de los hechos y ofenden la inteligencia al señalar que la justicia israelí ya está tratando este asunto sin que se sepa que haya hecho nada por sancionarlo después de cinco años de cometido. Enfático y melifluo como acostumbra, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, advierte que "no podemos convertirnos en los gendarmes judiciales del mundo ni estar a conflicto diplomático diario". Buena lección del máximo representante de la justicia española, defensor de la idea de que lo mejor es mirar para otro lado, no incordiar al extranjero aunque delinca, y dedicarnos a la nuestro porque lo de los demás nos desazona innecesariamente.


Andreu, Garzón, Moreno, Pedraz, Velasco…. son jueces españoles de la Audiencia Nacional que nos permiten mantener la confianza en que hacer justicia en este mundo de violencias contra la Humanidad sigue siendo una tarea posible y digna de ser admirada.