¿Está perdida en España la batalla por la defensa del medio ambiente?

Muchos pensamos que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad ecológica está perdida en España. O, en todo caso, resulta muy difícil, a la vista de lo que sucede, abrigar cualquier esperanza de que eso no ocurra. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del "todo vale" se ha impuesto como axioma al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.

Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental ha brillado siempre por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización salvaje de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el territorio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancias concedidas a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo está el empleo y la riqueza que con ello se genera.

Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno. "Pan para hoy y hambre para mañana": tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas.

Siempre he sido beligerante con este tema y lo seguiré siendo porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del sinvergüenza y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley. La corrupción asociada al ladrillo se ha convertido en la gangrena de la política, de la economía y de la sociedad españolas.

Hablaré de este tema con más detenimiento y en más ocasiones. Por ahora sirva esta mención introductoria que me viene motivada por la irritación que he sentido hoy al analizar el Plan que la Junta de Andalucía ha elaborado para la Ordenación del Parque Natural del Cabo de Gata. Sí, amigos, ese espléndido espacio natural del Sureste de la Península Ibérica, de clima subárido y de un interés ambiental incuestionable.

De forma aviesa, con artimañas jurídicas que resultan inconcebibles en una Administración que se sustenta en el apoyo de la izquierda, el Gobierno autónomo andaluz pretende engañar para así justificar, so capa de impactos controlados, daños irreparables en un ecosistema único en Europa. Mucho nos puede deleitar la Junta de Andalucía, como señuelo turístico, con sus anuncios sobre las bellezas naturales y artísticas de esa admirable región, pero, por favor, que no pretenda con ello camuflar lo que no se enseña. Porque, aunque no se muestre, ........ EXISTE.

No me detendré más, pues mucho mejor que yo el problema ha sido analizado, puesto en evidencia y denunciado por la Plataforma que en el área afectada se ocupa del tema. El atentado a la Naturaleza está servido. Menos mal que siempre hay quien está despierto para ponernos en alerta. No dejen de consultar ese enlace, difúndanlo, háganse eco de una catástrofe anunciada.

Imagen: Impacto provocado en el municipio almeriense de Carboneras por la construcción, ilegal, del Hotel El Algarrobico, pendiente de una demolición hasta ahora aplazada.