Si los diputados incumplen la ley, ¿en quién confiaremos?

La Ley Electoral en España data de 1985. Veintitrés años han transcurrido desde que por Ley quedó regulada la dedicación de los enfáticamente denominados “representantes de la voluntad popular”, a fin de que respondieran con la entrega que se les supone a la noble causa de defender los intereses de los ciudadanos en el marco del juego político propio de la democracia. Durante este tiempo nos han convencido de que sus retribuciones debían estar a la altura de su responsabilidad, de que no había que escatimar sus ingresos oficiales como diputados, lo que justificaría el abono por su labor de cantidades respetables, destinadas a evitar tentaciones que les distrajeran de su elevada tarea, a realizar en régimen de dedicación exclusiva. Así lo señala inequívocamente el Art. 157 de la citada Ley, por el cual ”el mandato de los diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorario o cualquier otra forma”.

Los diputados aprobaron en su día una Ley, cuyo cumplimiento aparece de pronto puesto en entredicho. Al parecer, sólo el 12,8% de los 350 diputados españoles se dedican en exclusividad a la labor para la que han sido elegidos. Impresionante. Los demás complementan, comparten, compatibilizan a su manera o ejercen otras tareas varias que les deparan lucrativos sobresueldos a la par que les entretienen y promocionan en esa feria de vanidades y lucimientos a que les abre su condición de electos populares, situándose ostentosamente “au dessus de la mêlée”, es decir, por encima del común de los que no pueden, quisieran o no, disfrutar de las mismas posibilidades de engrosar su peculio personal y familiar.

Me resisto a calificar el hecho porque su apelativo se descubre por sí solo. Y tampoco hay que devanarse demasiado el magín para interpretar lo que significa el que haya sido el propio Congreso el que se haya visto obligado a solicitar a 67 de sus miembros - casi el 20 % de los que lo integran - la aclaración de sus ingresos, por la sencilla razón de que no están claros, naturalmente. Éstos son los que más llaman la atención y provocan la sospecha, razón por la que se les llama a capítulo. Respecto a los demás compatibilizadores de sueldos y emolumentos extraparlamentarios, poco hay que decir: cada uno hace sus declaraciones como le peta y sus datos quedan sumidos en el arcano del Archivo de la Cámara. El Congreso carece de capacidad para investigar si los datos declarados son veraces o mendaces. Simplemente se confía y a otra cosa mariposa.

En estos tiempos de crisis, de turbulencias y zozobras económicas, cuando la gente se las ve y se las desea para aguantar el temporal….. y con una ley en vigor desde hace casi un cuarto de siglo que deja las cosas claras y que todas sus señorías conocen ¿cómo entender que muchos de los que aprueban las Leyes no asuman que éstas deben cumplirse, aunque les afecten?; ¿cómo interpretar la permisividad de las Presidencias y de las Mesas que se han sucedido a lo largo de este tiempo y que han terminado sus mandatos en loores sin cuento?; ¿cómo justificar que la ética de los comportamientos acabe entrando en contradicción con la ética de las responsabilidades? . ¿Qué crédito merecen quienes así actúan?. Preguntas sin respuesta. Lamentos en el aire.